Cañellas que declaró ante el juez por segunda vez como imputado en el "caso Agricultura", explicó que no respondió a las preguntas de la acusación particular sobre los detalles de la tramitación del expediente de compra del inmueble, alegando desconocimiento del mismo.

"Un presidente de una comunidad autónoma no tiene por qué saber derecho administrativo", aseguró ante los medios informativos Gabriel Cañellas, tras una hora y media de declaración ante el magistrado.

El representante legal de Izquierda Unda, Jaime Bueno, personado como acusación particular, interpretó la declaración de Cañellas como "un silencio sospechoso, escudándose en los técnicos que elaboran el informe", según señaló ante los medios informativos.

El Tribunal Superior investiga los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en los que podría haber incurrido el Gobierno balear al adquirir el edificio de la actual consejería de Agricultura, ubicado en Palma, según consta en la querella presentada or Izquierda Unida. El ejecutivo pagó casi 800 millones de pesetas a la empresa EDISALAM en marzo de 1991.