Aseguró que "el papel de la Consejería de Agricultura fue simplemente dirigir una carta al presidente instando a comprar un inmueble, porque la situación de la sede era entonces insostenible, con condiciones muy precarias".

Añadió que "los trámites no se hicieron en la Consejería de Agricultura, porque, como se trataba de la adquisición de un patrimonio, se tenía que tramitar en Presidencia".

El Tribunal Superior de Justicia de Baeares investiga la compra de la actual sede de la Consejería de Agricultura a raíz de una denuncia de Izquierda Unida que acusa a Gabriel Cañellas y a los miembros de su Gobierno de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en la compra de la sede Agricultura en marzo de 1991. Según la coalición, personada en la causa como acusación particular, existe un "sobreprecio" injustificado en la compra del inmueble.

El Gobierno balear compró el edificio a la empresa EDISALAM por un total de 798millones de pesetas, incluyendo 110 millones por obras de reforma. En la operación intermediaron dos agentes de la propiedad inmobiliaria. Uno de ellos, Andreu Roig, era socio de Cañellas en la empresa urbanística Es Sementé.

El "caso Agricultura" está bajo secreto de sumario. Según explicó Morey, el juez le interrogó sobre los motivos de la adquisición de un nuevo inmueble y las sedes que se habían barajado. Morey aseguró antes los medios informativos que "la adjudicación se ajustó totalmente a dereco" y que "en ningún momento fue consciente de que se produjese nada irregular".

Morey remitió una carta a Gabriel Cañellas solicitándole una nueva sede en enero de 1991. Izquierda Unida mantiene que la compra del edificio había sido decidida previamente por el entonces presidente autonómico.