En la documentación remitida por García Montes, en la que dijo "se introducen hechos delictivos en mi opinión claros", se acusa a Guerra, Benegas y Marugán de diversos delitos contra la Hacienda Pública, obstrucción a la justicia, falsedad en documento y malversación de caudales públicos en los casos de fondos procedentes de empresas públicas.

El abogado presentó entre las pruebas una carta de "Euromeiling publicidad" y ls folios 419 y 428 y siguientes del informe de los peritos del "caso Filesa", en los que "se expresa literalmente que el pago de bienes y servicios a proveedores no son utilizados por las empresas que los satisfacen, sino por un tercero, normalmente el PSOE".

En la ampliación de la querella, García Montes solicita al Supremo que declaren ante el juez las personas a las que se refiere dicha carta y que requiera a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para que remita las actas y órdenes del día y comprbar si se trataban temas referentes a pagos procedentes de financiación irregular.

La admisión de la ampliación de la querella podría ser fundamental para que el caso siga en manos del Tribunal Supremo y no pase a tribunales ordinarios, como podría ocurrir si el juez Barbero no presenta el informe inculpatorio contra el ex senador y parlamentario autonómico catalán Josep Maria Sala.