En su discurso afirmó que “cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios”.

Tras reconocer que “aunque la separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia”, esto no debe dar lugar a una “compartimentación totalmente estanca de poderes sin comunicación” entre ellos y se mostró convencido de que “la cooperación y la colaboración responsable entre poderes, sin interferirse, resulten un elemento imprescindible no solo para el funcionamiento del Estado, sino también para la preservación de la propia calidad democrática del sistema”.

Esa “cooperación leal” entre instituciones es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea, aunque “la evolución reciente de no pocos sistemas democráticos, incluso de algunos de los considerados como más perfectos, no va precisamente en ese sentido, sino en el de la polarización y la radicalización de los comportamientos”.

En nuestros días, aseguró, “la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales”.

Por ello, insistió en que “en un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática. Así lo constató 500 años antes de Cristo el historiador ateniense Tucídides, para quien la descomposición de la sociedad derivaba de ridiculizar la moderación, considerándola un disfraz de cobardía”.

COMPROMISO DEMOCRÁTICO

El presidente del Tribunal Supremo reclamó este jueves “un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos” y que los partidos se abstengan “de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar” el objetivo porque, de otro modo, “la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo”. “El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado”, remachó.

Dedico su discurso a hablar de la “desoladora” situación en la que se encuentra el TS y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que va camino de doblar su mandado por falta de renovación. El Supremo, con el 30% de sus plazas vacantes, está en situación de “respiración asistida”, señaló.

“La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible”, dijo antes de señalar que los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran “incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación”.

Independencia judicial

Francisco Marín criticó los ataques explícitos contra la Justicia pero también otros “mucho más sutiles y peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático”, porque sus efectos “perniciosos” no se refieren a una decisión judicial concreta, sino al “propio funcionamiento del Poder Judicial” para ocasionar “su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”.

IMPULSO DEMOCRÁTICO

“De alguna manera, lo que está fallando es el impulso democrático” que fue lo que condujo a “uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional”: la renuncia del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuya dimisión, dijo, “fue consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia”.

“El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, concluyó el presidente interino del Supremo.

Para superar esta situación, pidió “consensos amplios”, evitar acciones o iniciativas que pudieran comprometer la “independencia” del Consejo; y que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, “evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares”.

También los miembros del Poder Judicial, añadió, “deberíamos esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, en dejar bien claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del Derecho que no siempre han necesariamente de coincidir, pero que en ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas”.

Por último, Marín advirtió que cuando se desbloquee la renovación del CGPJ “nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas”. En cuanto a las vacantes del Tribunal Supremo, pidió que se cubran con “prudencia y reflexión” pese a ser “urgente” para no trastocar el funcionamiento de la institución.

Marín pidió una renovación urgente del CGPJ y advirtió que “la democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo”, concluyó.