En concreto, del lado de las mutuas, firmaron las colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT). Del lado del Gobierno regional, participó en la presentación el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández.

“Estamos muy satisfechos de suscribir este nuevo convenio que va a contribuir, sin duda, a un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para la mejora de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla-La Mancha, al permitir una mejor y más rápida recuperación en procesos de origen traumatológico”, apuntó el secretario de Estado.

Además, dijo que espera que otras comunidades autónomas se sumen pronto esta iniciativa que busca una mejora de la gestión de la IT a través de un mayor aprovechamiento de los medios de los que disponen las Mutuas Colaboradoras y el apoyo a los servicios públicos de salud.

El secretario de Estado subrayó que “el diálogo y el trabajo conjunto entre administraciones hace posible que alcancemos acuerdos que mejoren directamente la vida de las personas. Y lo hace porque el entendimiento y la cooperación entre instituciones permite dar respuestas rápidas y eficaces a las necesidades de la sociedad, garantizando que los avances lleguen a quienes más los necesiten; en este caso a trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha señaló las ventajas de este convenio: “Para el paciente, la recuperación de su salud y reincorporación óptima; para la sanidad pública, alivio de la carga asistencial y descompresión de las listas de espera en procesos de especialidades relacionadas con la traumatología; para la Seguridad Social, la reducción de la duración media de los procesos de IT y optimización y eficiencia del gasto en las prestaciones; y para el sistema global, el máximo aprovechamiento de los recursos y la coordinación institucional".

QUINTO ACUERDO

Se trata del quinto convenio que se suscribe con una comunidad autónoma, tras el firmado con Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria, y que se suma al firmado con el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), para el ámbito de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Todos ellos tienen origen en lo pactado en la mesa de diálogo social, en julio de 2024, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, para el desarrollo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas, en colaboración con los Servicios Públicos de Salud autonómicos, en los procesos de IT, a través de la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico. Forma parte de los trabajos que se están realizando para la mejora de la gestión de la prestación de incapacidad temporal y de la recuperación de la salud de los trabajadores.

Este convenio se aplicará a los procesos de IT derivados de contingencias comunes de origen traumatológico que afecten a trabajadores en esta situación cuando la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social en Castilla-La Mancha.

Para su desarrollo, la Mutua pondrá a disposición del Servicio Público de Salud, siempre de manera voluntaria previo consentimiento informado del paciente y a través del INSS, las actuaciones sanitarias que estime necesarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas.

El convenio subraya que será el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones de diagnóstico que se pudieran producir y de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria.

Esta colaboración tiene como objetivo aliviar la carga asistencial y las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud, así como reducir la duración de los procesos de Incapacidad Temporal y mejorar la salud de las personas trabajadoras.

El convenio contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento para la vigilancia y el control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por las partes, así como la evaluación del funcionamiento y la propuesta de la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación.

Esta colaboración, que se pretende extender próximamente al resto de las comunidades autónomas, tendrá una vigencia de cuatro años y se prorrogará, previo acuerdo expreso unánime entre las partes, hasta cuatro años más.