El vicepresidente segundo y portavoz, Emiliano García-Page, explicóque esta medida garantiza que cualquier ciudadano puede optar y obtener una segunda opinión de su enfermedad en determinadas patologías médicas para contrastar un primer diagnóstico.

Castilla-La Mancha se convierte así en la cuarta comunidad autónoma, tras Andalucía, Extremadura y Navarra, que aplica este decreto.

La normativa, según explicó el portavoz del Gobierno regional, también fija la obligación a una respuesta clínica por parte de la Administración autonómica en un corto periodo de tiempo: "Establecemos un plazo máximo de 15 días a una Segunda Opinión Médica ante una enfermedad de riesgo para la vida, con posibilidades de ser crónica o que refleja una invalidez", dijo.

El Gobierno regional estima que más de 5.000 ciudadanos al año podrán ejercer esta alternativa terapéutica.