En declaraciones a Servimedia, Gómez Rovira explicó que la Federación de Asoiaciones por el Derecho al Idioma Común Español (FADICE), organismo al que representa, ha recogido ya entre la población catalana y valenciana más de 100.000 firmas en contra del decreto.

El abogado aseguró que, una vez sea aprobado, interpondrán un recurso primero ante el Tribunal Superior de Cataluña y posteriormente, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo y el Constitucional en última instancia. Asimismo, indicó que convocarán movilizaciones si la Generalitat sigue adelante con su intento.

El abogado calificó la proposición de "demencial" y señaló que es totalmente inviable, pues ataca varios derechos fundamentales de la persona: uno contenido en el artículo 14 de la Constitución, en el que se alude a la discriminación por razón de lengua, y otro en el artículo 3, en el que se afirma que la Única lengua que se tiene obligación de conocer es el español.

Añadió que lo que pretende Jordi Pujol es dar luz a un proyecto lingüístico claramente "imperialista y totalitario" y subrayó que es crrecto que el dirigente de un comercio conozca el catalán y pueda hablarlo, si lo desea, con sus clientes, pero se mostró contrario a que eso constituya una imposición o una exigencia.

"La propia Constitución dice que la única lengua que hay obligación de conocer es el castellano", reiteró Gómez Rovira, para quien cualquier ley que postule lo contrario es anticonstitucional.