Así lo aseguró en su comparecencia en la Comisión conjunta de Constitucional y Justicia para analizar la amnistía a petición del PP, donde el catedrático de Derecho Administrativo emérito de la Universidad Complutense de Madrid expresó sus dudas en torno a la proposición de ley del PSOE que prevé amnistiar a los líderes del ‘procés’.

“¿Que qué va a suponer esta ley como precedente? Hombre, si esta ley se aprueba y se aplica, el Estado de derecho en España, no diría que desaparezca, pero casi”, aseveró en su segunda intervención ante las preguntas de los senadores.

Antes de hacer esta afirmación, rechazó “la argumentación buenista” del Gobierno de que la amnistía busca “conseguir una pacificación” y “abrir una nueva etapa” en Cataluña. En este sentido, dijo que esta exposición “tendría alguna credibilidad” si se hubiese defendido antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio y no “después, a la vista de los números proporcionados” por las urnas.

“Más bien, lo que se desprende" de esos argumentos, "sin necesidad de ser persona malintencionada, es que, echando las cuentas, faltan unos votos y de alguna manera se han querido conseguir”, interpretó antes de apuntalar su argumento en la opinión del expresidente del Constitucional Javier Delgado Barrio, “el juez más respetado por los jueces”.

Por último, dijo en que la Constitución no hay lugar al “interés personal” sino solo a “la voluntad racionalmente fundada”, rechazando así que haya “un fundamento objetivo y verificable".

“Esto ha sido fruto de un trato y nos hemos enterado porque los beneficiarios han estado continuamente invocando el trato para incluir modificaciones varias veces”, señaló. “Es la expresión de un interés concreto de quien se beneficia y de quien pone en marcha la ley”.

Con todo ello, advirtió de que "un Tribunal Constitucional que se respete a sí mismo no podría decir que esta ley es una ley que no infringe la Constitución".