Según las estimaciones del sindicato, harán falta dos millones de viviendas en la próxima década para mitigar la actual crisis de acceso a la vivienda y garantizar una oferta suficiente en el futuro. "Para ello, necesitamos incrementar el esfuerzo inversor público y privado, para la promoción, construcción y adquisición, además de la gestión de un parque de viviendas asequibles, de carácter permanente, y a precios inferiores al 30% de la renta disponible de los hogares", explicó CCOO.

Sobre el plan de cesión de activos de Sareb, el sindicato indicó que de las casi 40.000 viviendas, 9.300 ya estarían siendo habitadas en régimen de alquiler social. El resto, aún cumpliendo los requisitos del Ministerio de Vivienda de encontrarse situadas en municipios de las áreas metropolitanas e islas, así como en municipios con población superior a 5.000 habitantes o superior a 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años, se concentran en Cataluña (13.000), La Comunidad Valenciana (6.700) y Andalucía (4.000). "Es decir, más del 60% de todas las viviendas están en tres únicas autonomías", aseveró.

También destacó que solo el 10% de las viviendas transmitidas están situadas en ciudades consideradas como zonas tensionadas mientras que aparece un número relevante de viviendas en poblaciones con apenas demanda.

SIN RÉGIMEN SANCIONADOR

En otro orden de cosas, CCOO también recordó que este martes comenzó a aplicarse el registro único de alquileres de corta duración, necesario para la comercialización de los alojamientos turísticos, los contratos de alquiler de temporada o por habitaciones. Tal y como indicó el sindicato, el 50% de las viviendas turísticas estimadas por el INE no habrían solicitado el número de registro y por tanto no podrían anunciarse en plataformas online. Así, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, sobre 20.700 viviendas turísticas calculadas por el INE, solo lo han solicitado 2.300 viviendas -menos del 11%-.

CCOO también señaló que las solicitudes de registro para vivienda de alquiler de temporada han sido muy elevadas tanto en Cataluña, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. "Estas cifras evidencian que se está intentado burlar la Ley por el Derecho a la Vivienda, pasando del alquiler residencial al alquiler de temporada con menor nivel de exigencias regulatorias", denunció.

Por último, el sindicato criticó que el registro único de alquileres carezca de un régimen de inspección y sancionador contundente. "En la Disposición Final Cuarta se decía que, hasta la aprobación del régimen sancionador para las infracciones del RD, resultarían de aplicación los regímenes sancionadores de comunidades autónomas o entidades locales. A la vista de los resultados, la mayoría de administraciones públicas no han aplicado sus regímenes sancionadores", lamentó CCOO, que exige que, de manera inmediata, el Gobierno apruebe un régimen sancionador contundente con las infracciones, aprovechando la potestad que ofrece que ofrece la directiva europea 2024/1028 a los gobiernos centrales para establecer un régimen de inspección y sanción en esta materia.