El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, compareció hoy por segunda vez en dos semanas para abordar este asunto e informar de las actuaciones emprendidas por su sindicato tras su petición al Gobierno de retirar esta norma.

Esa reclamación no dio frutos y CCOO ha celebrado una ronda de contactos con los partidos políticos para pedirles que rechacen mañana el decreto. Fidalgo confía en que este rechazo se dé y evitar así que haya que emprender el camino judicial para defender unos derechos que el sindicato considera lesionados.

Para CCOO, que cuenta con un informe jurídico de PricewaterhouseCoopers, el decreto contraviene la Constitución en dos puntos: por un lado, al no darse, en su opinión, los criterios de urgencia que permiten el uso del decreto ley; por otro lado, al vulnerarse la libertad sindical por la intervención del Gobierno en favor de un sindicato a través de una millonaria "subvención encubierta". "No se puede subvencionar así", afirmó Fidalgo.

El Gobierno "pretende subsidiar con el erario público a una organización sindical", indicó Fidalgo, con una cuantía, 151 millones de euros, según recoge la memoria económica del decreto, que "coincide con otra", prosiguió el líder de CCOO, "de un crédito impagado", en referencia al que mantiene UGT con el ICO por el caso de la cooperativa de viviendas PSV.

La argumentación para aprobar el decreto es "artera", la acción jurídica es "reprobable" y el Gobierno ha "mentido" al decir que la norma contaba con la "anuencia" de CCOO.

NO ACREDITABLE

CCOO dio a conocer la memoria económica y justificativa del decreto. En esta última se afirma literalmente que "la problemática de los expedientes reside básicamente en dos cuestiones".

La primera de ellas es "tratarse de patrimonio (inmobiliario o financiero) considerado procedente de entidades sin carácter sindical (...) o inmuebles en los que no queda acreditada suficientemente su incautación o la vinculación con la organización sindical reclamante de las entidades correspondientes".

La segunda dice que "en las cuentas corrientes queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo".

Estas cuestiones las trata de justificar el Gobierno arguyendo que el periodo en el que se produjo la incautación, la Guerra Civil y los años del franquismo, pueden dificultar la acreditación de dicha titularidad sobre los bienes.

Sin embargo, para CCOO este hecho "hace más acuciante" la demanda de que no se acepte el decreto. "Cómo explicar" el que el Estado otorgue un dinero por algo que no está acreditado que ese mismo Estado haya incautado. "Es una cuestión ilícita", sentenció Fidalgo.

UNIDAD CON UGT

Pese al enfrentamiento abierto con UGT sobre esta cuestión, Fidalgo defendió que se va a mantener la unidad de acción con el sindicato que lidera Cándido Méndez.

Sobre el hecho de que el propio Méndez afirmara sentirse dolido por este asunto, el líder de CCOO replicó que él "no valora ni los estados de ánimo ni los psicológicos. Yo no he dicho el mío", agregó, visiblemente enojado.

Fidalgo se negó, pese a sucesivas preguntas, a explicar qué pasos jurídicos dará su sindicato si el decreto es aprobado mañana y confió en poder felicitar el próximo viernes a los diputados por haber frenado esta norma. Además, les emplazó, como ya hizo días atrás, a crear una comisión parlamentaria en la que se aborde la situación del patrimonio sindical histórico, pero también el acumulado.