En concreto, el ministerio tenía un plazo de seis meses, que finaliza este mes de abril, para elaborar una serie de informes que permitieran la posterior aprobación de los expedientes presentados, pero estos informes no están finalizados, según indicó este sindicato en un comunicado.

“Desde la entrada en vigor del Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación, los trabajadores estamos cumpliendo escrupulosamente con todos los requisitos legales. Pero quien incumple de nuevo, concretamente el artículo 22 de su propio reglamento, es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, afirmó el secretario general del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco Vegas.

Asimismo, CCOO comentó que los expedientes de petición de jubilación anticipada están admitidos a trámite y al sindicato le consta que el ministerio está trabajando en la elaboración de la base estadística, una vez que tanto el Ministerio de Transportes como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) remitieron los NIF del colectivo para la elaboración por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Dgoss) del primer informe de mortalidad y morbilidad.

El plazo de seis meses que la Dgoss tenía para resolver los expedientes de transporte de viajeros por carretera en autobús y de transporte de mercancías por carretera finaliza junto con el mes de abril.

CCOO criticó también que todavía no haya respuesta sobre la solicitud para las personas conductoras de grúas autopropulsadas, “ni tan siquiera de si se ha admitido a trámite, ni de requerimiento alguno de subsanación”.

El sindicato considera que “con el vencimiento del mes de abril, vence el plazo de los seis meses y ello nos sitúa por tanto ante un nuevo obstáculo que puede suponer un callejón sin salida ya que, aunque la Administración puede resolver una vez vencido el plazo y seguir tramitando los expedientes, la realidad es que el art. 22.2 del RD 402/2025 establece que, transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes”.

CCOO cree que es “imposible que la Seguridad Social cumpla los plazos, dado que no ha elaborado ni tan siquiera el primero de los cuatro informes que se precisan de distintos organismos y a los que le sigue el plazo de audiencia previa a los interesados y la posterior resolución de la Dgoss”.

Ante este escenario, el sindicato exigió a la Administración seguridad jurídica y previno de que “es una irresponsabilidad política, administrativa y social no dar respuesta a las solicitudes dentro de los plazos establecidos por su propia norma”.

“Por todo ello, exigimos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga los recursos necesarios para resolver las solicitudes y que emita cuanto antes una resolución que garantice que las solicitudes no han sido desestimadas por el transcurso de los seis meses de plazo. De lo contrario, debemos entender que todo el procedimiento legal para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la actividad no es otra cosa que un fraude diseñado para bloquear el acceso a determinadas profesiones, como la de los conductores y conductoras profesionales”, añadió CCOO.