El sindicato liderado por Unai Sordo mantiene así su posición ante la OEP de 2023, después de que el pasado lunes se negase a firmar el acuerdo que Hacienda rubricó con UGT y CSIF.

Entre los motivos que la organización sindical alegó para no suscribir el pacto fue, principalmente, que el Ejecutivo no presentó ninguna documentación ni tampoco dio cifras concretas, lo que supone "una falta de respeto" porque "hace imposible realizar una evaluación y una propuesta respecto de las cifras de empleo ofertado".

No obstante, al margen de este hecho, CCOO defendió su "rechazo" a "la mayor parte de medidas" que el Gobierno ha aprobado para garantizar la ocupación de las plazas de ingreso libre y la mejora y simplificación de la promoción interna para todo el personal.

"La pérdida de personal público en la Administración General del Estado en 2022 (por jubilaciones, excedencias, fallecimientos y otras causas) superó en un 20% a la de 2021. El retraso en la publicación de las convocatorias y el alto número de plazas que resultan vacantes en los procesos selectivos hacen que sean poco efectivas las OEP que se ponen en marcha. Así lo demuestra la pérdida de plantilla en la AGE en los últimos cuatro años, cifrada por la propia Administración en 4.268 efectivos menos entre julio de 2019 y julio de 2022. Por tanto, cualquier OEP que no incremente al menos un 25% sobre la de 2022 será inferior en términos comparativos homogéneos", declararon desde el sindicato.

"Las cifras siguen presentando dudas sobre si de verdad hay una generación de empleo público neto en la AGE. Sobre todo, porque el punto de partida es el mismo: la ausencia de datos respecto a las bajas del período anterior. Con un número de bajas estimado en un 20% más que en 2021, resulta evidente que la OEP se va a incrementar al menos ese 20%, como ha sucedido. Pero eso es mantener la relación de reposición, y no crear empleo público en un ámbito que ha perdido más de 4.000 trabajadores y trabajadoras en los últimos cuatro años", concluyeron.