Así lo pone de relieve el informe de CCOO ‘Mercado de trabajo y protección por desempleo. Segundo semetre 2021’, presentado este miércoles en rueda de prensa, en el que el sindicato señala que la tasa de cobertura en diciembre de 2021 fue del 62,6 %, por debajo de la tasa alcanzada antes de la pandemia y “muy lejos” de la cifra de 2009, que llegó al 80%.

En este último año las personas protegidas por prestaciones contributivas disminuyeron un 27% respecto al año anterior, en gran parte tras la finalización de muchos de los ‘ERTE covid’, mientras que las que son perceptoras de prestaciones asistenciales se redujeron un 14%.

Entre los hombres, el 48% son beneficiarios de prestaciones contributivas, el 40% cobra subsidios por desempleo, un 7% las prestaciones para eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura y el 5% la Renta Activa de Inserción (RAI).

En cambio, el número de mujeres que se beneficia de una prestación contributiva es inferior al de hombres, ya que solo un 41% cobra esta prestación. Las perceptoras de un subsidio son el 40%, al igual que entre los hombres, y en el resto de prestaciones asistenciales se sitúan por delante (11% en prestaciones agrarias y 8% en la RAI).

En comparación con el año 2020, los hombres beneficiarios de prestaciones por desempleo se redujeron un 21% y entre las mujeres el descenso fue del 19%.

En todos los territorios del Estado se registró un descenso en el número de personas perceptoras de prestaciones por desempleo. El más significativo lo encontramos en Canarias, con un 43% menos de personas perceptoras, y el menor descenso corresponde a Murcia, con un 11% menos.

Por tramos de edad, el 9,8% de los perceptores es menor de 30 años, el 40,7% tiene entre 30 y 49 años y el 49,5% es mayor de 50 años. “La mayor presencia de las mujeres entre las perceptoras de prestaciones asistenciales, en todos los tramos de edad, es una muestra más de su mayor precariedad en el mercado de trabajo”, apunta el informe de CCOO.

REVISIÓN DEL SISTEMA

Con estas cifras, el sindicato defiende que es “necesario abordar la revisión del sistema de prestaciones por desempleo, no solo las asistenciales, y que un importante número de personas” que han perdido su trabajo y quedan fuera de la protección por desempleo (1.007.980 personas) puedan prorrogar sus prestaciones y acceder a otras ayudas o prestaciones.

“La menor cuantía, la menor duración, y el hecho de que en la mayoría de las prestaciones asistenciales no se cotice a la Seguridad Social, hacen que gran parte de las personas desempleadas no dispongan de unas prestaciones que les permitan una vida "normal" en su proceso de búsqueda de un nuevo empleo, añade el informe del sindicato.

Por nacionalidad, entre las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, el 11,25% eran trabajadoras extranjeras al término de 2021, un 10% menos que en el año anterior.

GASTO

En términos generales, el gasto en prestaciones por desempleo disminuyó en 2021 en todos los tipos. El gasto total se reduce un 26%, con las prestaciones contributivas (-32%) a la cabeza, como consecuencia de la disminución del número de personas en ‘ERTE covid’, principalmente. Igualmente, el gasto en subsidios bajó un 11%, la RAI un 3% y el subsidio de personas eventuales agrarias un 2%.

Para CCOO, “es hora de que con ingresos procedentes de las cuotas por desempleo, además de cubrir los gastos de las prestaciones, se tomen las medidas necesarias para revertir la reforma de 2012, que dificultó el acceso y redujo las cuantías”.

“La reversión de la reforma de las prestaciones contributivas ascendería a unos 1.500 millones de euros anuales, teniendo en cuenta los datos de diciembre de 2021, sumando el efecto de retornar al 60% a los 6 meses, en lugar del 50% actual, y la asunción de parte de la cuota de la persona desempleada”, detalla el informe.

Asimismo, urge a revisar el sistema de protección por desempleo asistencial para que dé la cobertura y la protección necesaria cuando finalice la protección contributiva o cuando no se tenga acceso a la misma.

MERCADO LABORAL

Por otra parte, el informe repasa las cifras de la evolución del empleo y subraya la mejora del mercado laboral en 2021 tras la afectación que sufrió en 2020 por el estallido de la pandemia. En este sentido, recuerda que la tasa de paro cerró el año 2021 en el 13,3%.

Asimismo, valora las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, como los ‘ERTE covid’, que llegaron a proteger a 3,4 millones de trabajadores en España. Además, celebra que, al término de 2021 la cifra de personas en ERTE fuera de poco más de 100.000.

SECTOR AGRARIO

Por otro lado, el estudio de CCOO dedica un apartado específico al sector agrario. En este capítulo, señala que, ante la importancia del cómputo de las jornadas por su efecto sobre la cobertura e intensidad de protección que ofrece el sistema de Seguridad Social a los trabajadores eventuales agrarios es “fundamental” la declaración de las jornadas reales que efectivamente se realizan, así como respecto del conjunto de cuestiones que se encuentran asociadas a dicha actividad (cotización por salarios reales, cumplimiento de la legislación en materia de salud laboral, etc.).

Por esta razón, CCOO dice que son “imprescindibles sistemas de control e inspección en el sector agrario para evitar situaciones de fraude”.

También considera que es necesaria la revisión de la protección asistencial para las personas trabajadoras agrarias de Andalucía y Extremadura. “La existencia de dos prestaciones distintas crea situaciones de desigualdad entre personas que realizan los mismos trabajos”, añade.

A juicio del sindicato, es “insostenible la situación de las personas que realizan tareas agrarias como eventuales y que se ven privadas de la protección asistencial por desempleo al residir fuera de Andalucía y Extremadura”.

Por último, incide en que, en los próximos meses, debe abordarse una “reforma integral” de la protección por desempleo, de forma que brinde “mayor y mejor protección y que incluya a todos los trabajadores y trabajadoras, sin dejar fuera a colectivos, como el de las personas empleadas de hogar”, un compromiso asumido por sucesivos gobiernos que, “a día de hoy, sigue incumplido”.