Así lo dijo durante la presentación del informe ‘La mercantilización de la educación’, presentado este jueves por CCOO y la Fundación 1º de Mayo en Madrid. Durante el acto, Sordo repasó los principales problemas que arroja el documento sobre las distintas etapas educativas. “La demografía es un hecho”, reconoció, pero insistió en que se deben dar “decisiones políticas” porque, por ejemplo, “se puede aprovechar para mejorar las ratios” y no para “adelgazar” la educación pública.

Remarcó que es decisión política atajar las problemáticas que se dan en las distintas etapas educativas. Así, afeó que “sólo el 40% de los niños de educación infantil van a centros públicos”, por lo que la desigualdad arranca “desde que se es bebé”. También, denunció la existencia de “cuotas” en la red concertada y que la falta de plazas públicas en FP “no puede funcionar como una máquina de fabricar clientes para la FP privada”. Asimismo, considera “decisión política” la proliferación de universidades privadas y la falta de financiación a este sector.

CURSO CRUCIAL

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, señaló que este curso es “crucial”, porque “se acaba una legislatura y veremos si aprueban o suspenden los ministerios en lo que han llamado ‘la legislatura del profesorado’”, emplazó, con el deseo de que este curso se aprueben las distintas normativas pendientes en materia educativa, referidas a la reducción de ratios y jornada lectiva, la creación de centros de FP y digitalización e Inteligencia Artificial.

“Es un curso convulso, que ya viene del pasado”, dijo, con movilizaciones previstas en distintas comunidades autónomas. “La prioridad nacional debe ser la educación y la formación si queremos ser una sociedad digna y democrática”, zanjó.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones del estudio, apunta al aumento de la escolarización de los niños más pequeños, a pesar del “importante” descenso de la población infantil del 0 a 6 años a la par que la red privada, “con altas cuotas económicas” ha tomado músculo en España para esta población. De hecho, el informe subraya que “la oferta privada supone un alto porcentaje en todas las etapas educativas, siendo superior al 40% den el primer ciclo de Educación Infantil”.

Por ello, lamentaron los promotores del informe, “se deja en manos de la iniciativa empresarial y al albur de las posibilidades de gasto educativo de las familias”.

También se subraya que “un tercio de educación primaria y secundaria asiste a un centro privado-concertado”, lo que los autores consideran “una anomalía”.

La “utilidad” del sistema de conciertos “no se sostiene”, añadieron, por la caída de la natalidad. Para ello, esgrimen que “entre los cursos 2018/2019 y 2023//24 se han cerrado 1.837 aulas públicas de Educación Primaria, frente a sólo 424 concertadas”.

En cuanto a la Formación Profesional, aunque los centros públicos siguen concentrando la mayoría del alumnado, “el peso de los centros privados ha aumentado especialmente en los ciclos de Grado Superior, los más demandados y por tanto los más rentables para las empresas que los ofertan”. Esta cuestión se observa más en la modalidad a distancia.

“En comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía, decenas de miles de jóvenes se quedan sin plaza pública, lo que obliga a muchas familias a recurrir a centros privados que pueden oscilar entre 4.500 y 12.000 euros”, destaca el texto.

Según los autores, la mercantilización se produce de forma más notoria en etapas postobligatorias, como la Formación Profesional y la Universidad. En este último sector, se subraya que “las 24 universidades que se han creado en España en lo que llevamos de siglo han sido todas privadas”. Los datos también radiografían la realidad: “Para el curso 2024-2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estimaba que el 23,3% de los estudiantes de grado estaban matriculados en universidades privadas, así como el 50,3% d ellos máster y el 6,5% de los de doctorado, comparado con el 15,3%, 36,2% y 5,2% respectivos al curso 2017-2018”.

DEFINICIÓN

También estuvieron en la presentación los autores del informe, Pedro González de Molina y Claudia Guiral Burriel. González definió como “mercantilización” el proceso por el que se produce, “con el apoyo de las administraciones o de su desidia, el avance de las empresas privadas en el sector de la educación, que tiende a poner a competir en situación de desigualdad al sistema público con los sistemas privados, con concierto o sin él”.

Según González, “el perfil de las escuelas católicas que querían influir en la sociedad con su ideario está cambiando y ahora son fondos de inversión los que han entrado en el sistema, por lo que la relación estudiante-docente se convierte en cliente-empresa”.

La educación es “un derecho humano que hay que desmercantilizar”, pero se está tratando como “un bien de consumo”, protestó Claudia Guiral. La mercantilización, dijo, “se ve en procesos de externalización de servicios”, concluyó.