Así se desprende de un informe publicado este jueves por CCOO, en el que se analiza la situación del sistema de incapacidades temporales (IT) en España entre los años 2007 y 2024, un período en el que el gasto público en esta materia pasó de 7.254 millones de euros a 16.464 millones, lo que supone un incremento nominal, no en términos reales, de 9.210 millones, sin tener en cuenta aspectos como el crecimiento económico, mayores salarios o el récord de ocupación.

El grueso del incremento de gasto público en IT se explica por la evolución de la actividad económica y el empleo, junto al envejecimiento de la población trabajadora. La evolución de la población protegida y la mejora de las bases de cotización explican el 47,5% del total de incremento del gasto, mientras que las consecuencias que despliega el envejecimiento medio de la población trabajadora explican el 18,5% del total del incremento del gasto producido.

Y es que, la incidencia de la IT es inferior en los grupos de mayor edad, pero el tiempo que necesitan para recuperar la salud es más largo.

Además, el informe avisa de que la “insuficiencia” de recursos preventivos, diagnósticos y de atención con los que el Sistema Nacional de Sanidad debe enfrentar los problemas de salud del conjunto de la ciudadanía despliega así efectos relevantes con relación a las prestaciones de incapacidad temporal, tanto en su incidencia como en su duración.

También pone de relieve el “punto de inflexión” que supuso la pandemia de covid-19, que no solo supone una enfermedad nueva, sino que también contribuye a aumentar el número de enfermedades leves prexistentes. En concreto, CCOO subraya que “no es casual que las 30 principales causas de enfermedad que provocan IT de menos de 15 días, que acumulan casi 4 millones de procesos, correspondan en dos tercios de los casos a dolencias banales fuertemente relacionadas con infecciones leves pero que ahora cursan en mayor medida (gripes, amigdalitis, faringitis y gastroenteritis, entre otras).

Otros factores que el sindicato identifica como causantes del aumento de las IT son las enfermedades de salud mental y la cronificación de patologías que antes resultaban mortales.

Por otra parte, el estudio de CCOO recuerda que el Banco de España, en su último Informe anual, ha estimado el coste directo empresarial de la prestación de incapacidad temporal en 4.613 millones de euros en el ejercicio 2024. Este dato, según el sindicato, contrasta con los publicados por las patronales y la Asociación de Mutuas colaboradoras, que lo sitúan entre los 14.000 y los 81.000 millones de euros anuales.

Además, a su juicio, el análisis de los datos de IT demuestra que no hay constatación objetiva de situaciones de abuso generalizado o fraude respecto de ningún colectivo específico, sexo, dolencia, sector de actividad o ámbito territorial.

En este sentido, explica que el mayor incremento de las prestaciones de IT se concentra en duraciones singularmente cortas, inferiores a 3 días, que no generan derecho a prestación pública y que suponen el 37,8% del total de procesos causados en 2024. “Nunca antes se había registrado este fenómeno de forma tan intensa y parece estar vinculado a procesos especialmente ligados a infecciones del aparato respiratorio, cuya incidencia han crecido desde la pandemia por Covid, arguye CCOO.

Por su parte, las prestaciones que superan los 365 días son sólo el 3,16%, en el que se concentran las personas con enfermedades más graves que, sin embargo, consiguen recuperar la salud de forma mayoritaria antes de finalizar los plazos de prórroga previstos en la norma.

Otro mito que desmiente este informe es que los lunes hay más bajas médicas por picaresca de los trabajadores para alargar el fin de semana. Así, si se tiene en cuenta que el lunes concentra también las enfermedades que se han producido durante el sábado y el domingo, abarcando tres días, los lunes estarían incluso por debajo de la media diaria.

En este contexto, CCOO propone medidas como aumentar la transparencia en los datos de gestión; reforzar la sanidad pública, con especial atención a la Primaria; mejorar la detección de enfermedades de origen profesional; fortalecer la prevención de riesgos laborales, incluidos los de carácter psicosocial, y actualizar el sistema de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.