En el marco del actual proceso de debate de la futura ley de educación, los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanzadestacaron que se trata de una reivindicación "histórica" del profesorado y anunciaron que no descartan acciones "más contundentes" si el ministerio no se implica en la negociación.

"Profesionales bien formados, reconocidos socialmente y bien retribuidos son la clave para que la administración pase la responsabilidad de mucha parte de la política educativa a los centros. De esta forma, los profesionales de la enseñanza tendrán mayor responsabilidad y compromiso", señaló Carlos López, secretario general de FETE-UGT.

La propuesta sindical recoje diez aspectos, entre los que destaca la necesidad de regular la promoción profesional del profesorado. Según los sindicatos, un profesor cobra y asume prácticamente las mismas responsabilidades desde que consigue su plaza hasta que se jubila, lo que repercute decisivamente en su motivación.

"Las administraciones educativas deben fomentar la promoción de sus funcionarios entendida como acceso a otros cuerpos para los que se requiera la misma o superior titulación", señala el documento, que concreta que los profesores de secundaria deben tener la posibilidad de acceder a la universidad.

Otro de los puntos clave de la propuesta de los sindicatos tiene que ver con las retribuciones del profesorado. CCOO, FETE-UGT y CSI-CSIF piden una nueva asignación de niveles de complementos de destino, así como complementos por acción tutorial y por especial dedicación al centro educativo.

En relación con la jornada laboral, los sindicatos exigen que se reduzca en un tercio el número de horas de los profesores mayores de 55 años, sin perjuicio a sus retribuciones, y que se limite el número de alumnos y clases por docente.

Asimismo, la propuesta sindical aboga por la coexistencia de conscursos de traslados de ámbito estatal y abiertos, homogeneizando la normativa para que la participación se haga en condiciones de igualdad desde todas las administraciones educativas, con cada comunidad.

Por último, Carlos López indicó que el ministerio deberá concretar cuál será el rango jurídico del estatuto, qué partidas presupuestarias tendrá, cuál será su relación con el Estatuto de la Función Pública y cuál será el marco de negociación.