Concretamente, Comisiones se refiere a la disposición derogatoria segunda de este proyecto que establece la eliminación del apartado 2 de la Ley 38/1.985 en el que se especificaba que el Estado debería tener la mayoría del capital de Tabacalera.

CCOO ha consultado a la dirección de la empresa pública donde han respondido que "la iniciativa fue tomada por el Ministerio de Hacienda sin que la empresa fueseconsultada" y han agregado que se trata de una medida liberalizadora de adecuación a las exigencias comunitarias "como ocurrió con Campsa o Repsol".

Comisiones considera que la citada disposición derogatoria "pone en peligro la estabiliadad del empleo y los propios intereses del Estado". Añaden que se trata de una de las empresas públicas más rentables, con 21.958 millones de beneficio en 1991 y unos ingresos al estado de 269.937 millones por impuesto del tabaco.