Gutiérrez y la secretaria de Empleo de CCOO, Salce Elvira, aseguraron que intentarán impedir por todos los medios l aplicación de esta sentencia, "llevándola si es preciso ante los tribunales comunitarios competentes".

Explicarón que CCOO organizará durante todo el verano asambleas informativas entre los trabajadores para que conozcan el alcance de la sentencia y "quienes son los responsables de ella", al tiempo que no descartan la convocatoria de movilizaciones después de las vacaciones.

Gutiérrez acusó al Tribunal Supremo de arrojar dudas sobre la independencia de algunas instancias del Poder Judicial, con entencias como la publicada ayer, y afirmó que "cuando el Supremo dicta sentencias sin argumentos jurídicos convincentes y tan chapuceras como ésta, hay que pensar en fundamentos políticos".

DUDAS DE LA INDEPENDENCIA DEL SUPREMO

"Las sombras de duda sobre la independencia de algunos órganos del Poder Judicial", añadió, "no las arrojamos nosotros, son estos tribunales con estas sentencias los que se ganan a pulso esas acusaciones".

El dirigente de CCOO acusó también al Gobierno de "doble moral",ya que "no se puede hablar de pacto social de progreso y luego aplicar criterios de cicatería en el abono de los subsidios de paro".

Para Comisiones, las presiones del Gobierno para impedir que los parados subsidiados no cobren las extras responden a que estaría obligado a desembolsar 200.000 millones de pesetas, si los dos millones de afectados las hubieran reclamado. El Ministerio de Trabajo cifró ese desembolso en 56.700 millones.

La sentencia del Supremo fue calificada por Salce Elvira de "clramente antisocial y muy deficiente", motivo por el que CCOO piensa colocarla en el primer punto de las negociaciones sobre competitividad con el Gobierno.

A la percepción del subsidio de paro, equivalente al 75 por ciento del salario mínimo, tienen derecho los parados con cargas familiares que hayan agotado las prestaciones contributivas de desempleo sin encontrar un puesto de trabajo.

Por otra parte, Gutiérrez se refirió al adelanto de la libre circulación de mano de obra dentro de la CE, que etrará en vigor el 1 de enero de 1992, y dijo que, al no existir una Carta Social de Derechos de los Trabajadores, "servirá de instrumento para abundar más en los desequilibrios sociales y en las injusticias".

En cuanto a la negociación de la Carta Social entre los países de la CE, Gutiérrez dijo: "me llama la atención que el Gobierno español coincida con el de Gran Bretaña en la limitación de derechos como el permiso retribuido de maternidad. Esto da una idea de como el Gobierno pretende hablar de proreso con medidas regresivas".

Por su parte, el secretario de Acción Institucional de UGT, Emilio Castro, manifestó a Servimedia que algunos argumentos de la sentencia del Supremo sobre las pagas extras de los perceptores del subsidio de paro no se corresponden con "criterios racionales".

Puso como ejemplo el argumento de que el subsidio es un complemento a las rentas de los desempleados. "Es obvio que si alguién está parado, no tiene rentas", explicó.