El sindicato exigió por escrito al presidente de Correos, Pedro Saura, y a la presidenta de SEPI, Belen Gualda, la convocatoria urgente de la Comisión de Empleo Central y la aportación de la memoria justificativa por centros de trabajo prevista en la ley y en el Convenio Colectivo.

Todo con inicio efectivo en este trimestre “para no prolongar una situación de incumplimiento”, como señalaron en un comunicado.

La organización recordó que, en el Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024, se asumieron compromisos en materia de empleo, estabilidad y calidad, que obligan a abordar “de forma ordenada y negociada” el uso del trabajo a tiempo parcial y, sobre todo, la conversión de contratos parciales en contratos a tiempo completo cuando existen necesidades estructurales, “como sucede de forma manifiesta en la actualidad”.

CCOO denunció que la situación en Correos resulta “insostenible desde el punto de vista laboral y legal”, con cerca de 5.000 personas con contratos a tiempo parcial, una parte muy significativa con contratos fijos y otra eventual, “en un contexto de actividad diaria, continuada y perfectamente previsible”.

Además, esto se ve agravado “por el uso masivo y reiterado de casi 200.000 horas complementarias”, que encubren jornadas completas y vulneran la legalidad laboral, según la organización sindical.

A eso se añade un volumen “muy elevado” de horas extraordinarias, que evidencia la existencia de necesidades productivas estables que deberían cubrirse con empleo a tiempo completo.

GRAVE CONTRADICCIÓN

CCOO recalcó que esto supone una “grave contradicción” tras la reforma laboral, orientada a combatir la precariedad y el fraude en la contratación, sobre todo en una empresa pública con un Gobierno progresista al frente.

Además, denunció que el fraude de ley en la contratación a tiempo parcial en Correos “no es un hecho aislado, sino una práctica generalizada utilizada como criterio de gestión empresarial”.

El sindicato reiteró su disposición a abordar esta problemática a través de la negociación colectiva, pero advirtió de que se iniciarán las acciones legales e institucionales necesarias para la defensa de los derechos de la plantilla y el cumplimiento de la legalidad vigente, si no se adoptan medidas inmediatas.

CCOO subrayó que este incumplimiento se suma a otros muchos compromisos laborales no atendidos, lo que deteriora gravemente el diálogo social y abre la puerta a la movilización.