Los sindicatos han convocado a los empleados públicos bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, para denunciar la congelación salarial de las nóminas desde que expiró en 2024 el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, sin que se haya empezado todavía la negociación del siguiente.

El Gobierno ha ligado la próxima subida salarial para los trabajadores públicos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, a pesar de que no se han presentado todavía y desde el Ejecutivo no descartan que el próximo año empiece con una nueva prórroga presupuestaria. Los sindicatos se opusieron a que el aumento retributivo vaya vinculado a las cuentas públicas e insistieron en que se puede aprobar un incremento sin necesidad de presupuestos.

La secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, recalcó que “no hay problemas para gestionar este país aunque no se aprueben los presupuestos” y recordó que el propio Gobierno incide en que “España va a todo gas a nivel económico”, por lo que no deberían existir impedimentos para subir los sueldos de los empleados públicos.

“Basta de excusas. El Gobierno tiene que desbloquear ya la mesa de negociación. Llevamos meses exigiendo mesas con fecha, con orden del día, un compromiso por parte de Función Pública. Pedimos: un nuevo acuerdo, donde tiene que haber una subida salarial, qué índices se manejan en esa subida salarial, qué revisión y qué clausulas tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo”, expuso Araque.

Por el momento, los sindicatos se abstuvieron de dar una horquilla de revalorización salarial, ya que, como apuntó Araque, “la pelota está en el tejado del Gobierno”. No obstante, el presidente de CSIF, Miguel Borra, defendió que debería contemplarse un incremento correspondiente al IPC más un porcentaje adicional, todo ello contenido en un acuerdo plurianual.

Para el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, todavía no ha llegado “ese momento” y prefirió esperar a que el Gobierno les escuche para después ver si los sindicatos coinciden o no coinciden en sus propuestas.

Además de la subida salarial, las organizaciones sindicales reclaman la eliminación de la tasa de reposición, que resulta “anacrónica”; procesos de acceso a la Función Pública más ágiles o mejoras en las condiciones de jubilación. CCOO, UGT y CSIF advirtieron de que si no se desbloquea esta negociación, se convocará una huelga en las administraciones públicas para noviembre.