Así se manifestaron Sordo, Álvarez y Garamendi durante una mesa de debate sobre los retos del mercado laboral organizada por el Colegio de Economistas de Madrid, en la que también participó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Garamendi indicó que “hay temas que están dentro del acuerdo” de la reforma laboral y otros que no, como es una modificación del despido en España y, “por tanto, nosotros nos quedamos donde estamos”.

En cambio, Sordo, que dijo que son “corresponsables” con los pactos que firman, precisó que “a futuro España sí se tiene que plantear” reformar el despido improcedente. A su juicio, el despido debe ser la última opción en una situación de dificultad y, antes, se deben “facilitar” opciones como la “readaptación” de la jornada laboral. Y, en su opinión, “para eso habría que introducir elementos desincentivadores del despido”.

“Nosotros, por ejemplo, planteamos la indemnización mínima porque la indemnización por días trabajados, sea de 12, 20 o 33 días, en antigüedades muy cortas, no tiene ningún efecto disuasorio para despedir. Y podríamos plantear, por ejemplo, un elemento de indemnización mínima, pero, insisto, yo creo que tienen que ser dos cuestiones paralelas, desincentivar el despido y facilitar fórmulas alternativas a los mismos, como hicimos en la pandemia con los ERTE”, profundizó el líder de CCOO que reconoció que “este es un elemento bastante conflictivo entre las organizaciones sindicales y empresariales”.

CAPÍTULO PENDIENTE

De su lado, el secretario general de UGT comentó que es cierto que el despido no se trató en la reforma laboral pero advirtió: “No hemos acordado que no lo trataremos, que yo sepa”.

“Sencillamente, en el proceso de negociación de la reforma laboral llegamos a acuerdos y había algunos elementos que el Gobierno y las organizaciones empresariales no querían que fueran objeto de esa negociación y, como pensábamos que efectivamente no íbamos a sacar nada, no lo fueron y podían empeorar el resto de la negociación. Eso quiere decir que este es un capítulo pendiente para futuras negociaciones”, sostuvo Álvarez.

Manifestó que “siempre se puede llegar a puntos de equilibrio” porque las organizaciones empresariales “no quieren amparar despidos injustificados, cierres de empresas que no obedecen a razones objetivas y nosotros también tenemos que asumir que cuando una empresa está en una situación que no da más, lo tenemos que abordar”.

También se mostró convencido de que prosperará la demanda presentada por UGT y posteriormente por CCOO ante la Justicia europea por el “bajo” coste del despido en España, como ya sucedió en Italia o Francia.

SMI

Por otro lado, los líderes sindicales y patronales mostraron también criterios dispares en relación con la propuesta de Pedro Sánchez de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del sueldo medio en España y hacerlo, además, por ley.

Garamendi recordó que es una potestad del Gobierno previa consulta con los agentes sociales, aunque explicó que “es tan dispar como que te encuentras con unas diferencias altísimas” entre comunidades autónomas, ya que en muchas está por encima de ese indicador y el coste de la vida es diferente entre territorios.

Asimismo, defendió que el SMI se negocie “de abajo arriba” buscando el acuerdo de los agentes sociales y añadió que si se fijara por ley “de hoy para mañana” sería “un problema para la economía, porque además rompería absolutamente prácticamente todos los convenios colectivos que tenemos porque influirían en todas las bandas”.

En la misma línea, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, criticó que se haya “denostado” en España la palabra “productividad” y subrayó que la propia legislación establece que es uno de los factores que se deben tener en cuenta para actualizar el SMI. “No se puede calcular un salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta lo que dice la propia norma y de forma discrecional”, reforzó.

CRITERIOS ELECTORALISTAS

“Los salarios no debieran corresponder a criterios electoralistas o simplemente de políticas sociales. Un salario debe ser la contraprestación a un trabajo realizado en el cual se tendrán que tener en cuenta una serie de inputs: el coste, los impuestos, el posible o no margen, el valor añadido que dé ese puesto de trabajo y se sacará un salario”, agregó Cuerva.

En este punto, aclaró que “cosa diferente es que haya salarios en los que, desgraciadamente, las personas no puedan vivir con esos salarios”, aunque el modo de “arreglar eso no es subir el salario por real decreto”, sino que entran en juego las políticas sociales, de las que comentó que deberían ser “coyunturales” y no “estructurales”.

En cambio, los líderes sindicales apoyaron ligar el SMI al 60% del salario medio e indicaron que el debate debe ser “cómo se reparte la riqueza” en este país.

Señalaron que el “modelo low cost” favorece las “peores prácticas de externalización, no tanto como una especialización productiva, sino como una forma de ahorrar costes y esto es lo que hay que revertir en un momento en que las empresas también tendrán que decidir que una parte de las actividades que tienen externalizadas pues igual las tienen que internalizar”.

En lo que sí coincidieron Álvarez, Sordo, Cuerva y Garamendi es en pedir a las administraciones que los contratos públicos se actualicen con el coste de elevar el SMI que ellas mismas decretan.

Finalmente, los cuatro líderes de los agentes sociales dedicaron buena parte de su intervención inicial a poner de relieve el modelo de diálogo social en España, tanto bipartito como tripartito, y ensalzaron “frutos” como los ERTE en la pandemia, la reforma laboral o la ley del teletrabajo.