Ambos sindicatos presentarán este jueves, a las 10.00 horas, los detalles de unas manifestaciones que se celebrarán por toda España y que llegan en un contexto marcado por la falta de acuerdo con la CEOE para alcanzar un pacto general que sirva de referencia para la evolución de los salarios en convenios colectivos.

Precisamente, en mayo del año pasado los sindicatos y la patronal aparcaron la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante la exigencia de CCOO y UGT de que esas pautas incluyeran una cláusula de revisión salarial para que se asegurara que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo en un período de dos o tres años.

La CEOE consideraba que esta medida favorecería el proceso inflacionario y los sindicatos veían irrenunciable la medida, en un contexto de elevada inflación que, en su opinión, estaba causada en buena parte por los beneficios y “el egoísmo” de las empresas y patronales.

Tras meses sin contactos formales, CEOE y sindicatos han vuelto a reunirse tras una nueva propuesta de CCOO y UGT que apuesta por subidas iniciales del 5%, 4,5% y 3,75% para 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Además, plantean una cláusula de revisión reformada que ya no solo se indexe al IPC, sino a la evolución de los datos de beneficios empresariales por sectores.

Tras esa propuesta, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado la creación de un observatorio de beneficios empresariales que, de entrada, suscita el recelo de la patronal, al temer que pueda ser una medida “intervencionista” y que trate de decir a las empresas “lo que tienen que hacer”.

INFLACIÓN

Los salarios no son el único objetivo de este Primero de Mayo, que estará centrado en denunciar el aumento de la inflación y en exigir medidas al Gobierno para controlar el precio de bienes básicos como el de algunos alimentos o el de la vivienda.

Sobre este último aspecto, los sindicatos ven positivas las acciones que está promoviendo el Ejecutivo con la Ley de vivienda, la construcción de nuevas casas y que unas 50.000 viviendas de la Sareb se vayan a destinar al alquiler social, pero reclaman más medidas.

A su juicio, no solo se debe apostar por aumentar la oferta de vivienda pública y protegida, sino por controlar el precio del alquiler y por reforzar las acciones para paliar los efectos del encarecimiento de las cuotas hipotecarias ante el alza del Euríbor, consecuencia de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).