Según explicaron los sindicatos este lunes, el recurso referido -que se sustancia ante el Tribunal Supremo- está interpuesto por varias organizaciones de extrema derecha y por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Este recurso ya ha mantenido varias actuaciones procesales como el intento de las organizaciones recurrentes de suspender -tanto de manera cautelarísima como de manera cautelar- la vigencia de dicho decreto y en ambas ocasiones el Tribunal Supremo desestimó las dislocadas pretensiones de los recurrentes por considerarlas impropias e injustificadas.

UGT y CCOO defenderán el “valor e importancia política” de la regularización “en términos de responsabilidad y realismo ante una situación social, económica y laboral que requiere de mecanismos eficaces”.

La regularización supone un “paso adelante para reconocer derechos, aflorar empleos de la economía sumergida y dignificar la vida de miles de personas”, dijeron desde CCOO y UGT. Así, los sindicatos contribuyen a la efectiva aplicación de la regularización, facilitando su extensión a través de un plan especial de movilización de recursos propios para asesorar, y presentar solicitudes de regularización a través de sus organizaciones.

De este modo, UGT y CCOO reivindicaron un “modelo migratorio legal, justo, eficaz y ágil que permita una integración social y laboral efectiva” de miles de migrantes.