Según explicó CCOO, este decreto ha tenido ya su trámite en audiencia pública y ha sido Dictaminado por el Consejo Económico y Social en su Pleno de este miércoles.

En ambos espacios de participación CCOO y UGT y trasladaron sus observaciones, discrepancias y propuestas, en relación a varios aspectos (requisitos, valoración de las medidas implementadas en base a resultados, vigencia delimitada y no indefinida, refuerzo en causas de suspensión, obligaciones de las empresas y entidades de acreditar logros, refuerzo de mecanismos de control y verificación, etc.).

En especial, trasladaron sus observaciones sobre un cambio “crucial” y es que la declaración de apoyo de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) deja de ser un requisito y pasa a ser un criterio de valoración. Es decir, para ser prescindible. Por ello, solicitaron que vuelva a ser obligatorio.

Los sindicatos consideran “inexplicable” este cambio y criticaron que el decreto lo justifique como una forma de evitar cargas para las empresas sin aportar una base sólida. Asimismo, las organizaciones avisaron de que esta reducción rompe el equilibrio de las relaciones laborales y debilita los derechos de representación y negociación colectiva. También alertaron de que el nuevo modelo, más amplio y sin suficientes controles, puede desvirtuar el objetivo del distintivo.

Los sindicatos recordaron también que el Consejo Económico y Social, en su dictamen aprobado este miércoles sobre este decreto, señala, entre otras cosas, que no está justificado ni explicado vincular el aval de la representación laboral con una “carga” para las empresas.

En opinión del CES, por tanto, esa es una “modificación que debería fundamentarse, máxime teniendo en cuenta que no ha habido previamente un proceso de diálogo con los interlocutores sociales sobre estas cuestiones”.

Este proyecto de decreto de modificación del distintivo parte del Ministerio de Igualdad como proponente, con el de Trabajo y Economía Social como co-proponente.