Con motivo de la constitución del Consejo Asesor de Vivienda, UGT y CCOO, como organizaciones integradas en el mismo, destacaron en un comunicado conjunto que “estamos ante una emergencia habitacional que ya no afecta solo a los hogares más vulnerables, sino también a amplias capas de clases trabajadoras y medias, pese a las diversas medidas adoptadas en los últimos años”.

Demandaron un aumento de recursos públicos para promover vivienda pública, con carácter permanente, y garantizar el acceso a la misma con programas de vivienda social y asequible financiados con fondos públicos y habilitando formas de captación de ahorro privado con este mismo fin.

Además, solicitaron que se ayude a las familias a canalizar su ahorro a fórmulas que favorezcan la vivienda asequible y que se pueda utilizar más la “capacidad financiera” que existe en las corporaciones locales.

Con reglas fiscales rígidas, los ayuntamientos acumulan alrededor de 45.387 millones de euros en depósitos y efectivo (cierre 2024), y existe una “ventana” para movilizar parte vía Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a través de proyectos que deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026.

Así, CCOO y UGT expresaron su confianza en que este Consejo Asesor sea una “herramienta útil” y un “lugar de encuentro y participación que debe servir para fomentar e impulsar las políticas que necesitamos”.

FISCALIDAD

Por otra parte, los sindicatos señalaron que la intervención y regulación del alquiler de temporada, habitacional y turístico, son “elementos imprescindibles” y que la actuación, intervención y regulación tiene que ser “contundente” y con “impacto relevante “ para evitar el “desvío irregular y fraudulento” de oferta de vivienda residencial en alquiler a otras modalidades, para evitar la regulación aprobada en relación con esta última.

No obstante, aclararon que el principal foco de las medidas avanzadas por el Gobierno esta semana se ha puesto sobre el anuncio de eximir de tributación al 100% de rendimientos netos del alquiler a arrendatarios que no incrementen el precio de estos con motivo del importante número de renovaciones previstas para este 2026.

Al respecto, advirtieron de que “el uso de incentivos fiscales solo se justifica si están ligados a resultados verificables (estabilidad/reducción real de rentas, contratos y cumplimiento normativo) y no convertirse en un gasto fiscal para el Estado sin impacto en oferta asequible o sin control efectivo”. Igualmente, sostuvieron que su aplicación no debe afectar a personas jurídicas ni tenedores de 3 o más viviendas en alquiler.

“Tan importante como lo anterior es ampliar la posibilidad de declaración de zonas tensionadas, de forma subsidiaria y cuando las comunidades autónomas se nieguen a hacerlo pese a que esté acreditado objetivamente el cumplimiento de requisitos para declarar una zona tensionada, a otras administraciones, en primer lugar, las administraciones locales, e incluso, en su defecto, al Estado”, profundizaron los sindicatos.

Por otra parte, explicaron que la decisión de limitar el incremento anual, como ya se hizo entre 2022 y 2024, es una medida que puede volver a utilizarse en este momento.

Finalmente, CCOO y UGT reiteraron, en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, su valoración de que es una medida positiva, pero con una inversión comprometida que sigue siendo claramente insuficiente, 7.000 millones de euros (0,4% PIB), frente a sus estimaciones de una necesidad de inversión anual de entre el 1% y el 1,5% del PIB.