Así lo precisó en un comunicado en el que valoró “de manera positiva” la “intención” de la Comisión Europea de facilitar un mayor acceso a productos ecológicos, así como de reforzar el comercio europeo y la producción local.

“Sin embargo, la modificación propuesta supone riesgos importantes en materia de información a las personas consumidoras, mejora de la sostenibilidad de todo el sistema agroalimentario y equivalencia efectiva de los productos importados”, abundó.

A este respecto, señaló que el texto propone la utilización del mismo etiquetado ecológico de la UE tanto para los productos elaborados dentro de la región como para los importados.

“Esto puede inducir a error a las personas consumidoras, al transmitir una imagen de sostenibilidad que no siempre refleja el impacto ambiental real del producto a lo largo de su proceso de producción, distribución y consumo”, apostilló.

Frente a ello, CECU exige mejorar la información a las personas consumidoras, el uso del etiquetado y la coherencia con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización; así como incorporar cláusulas y evaluaciones que aseguren una comercialización segura y legítima de estos productos ecológicos, sobre todo de aquellos producidos fuera de la Unión Europea.

REFERENCIA CLAVE

En este sentido, la experta en alimentación de CECU Sarahi Boleko hizo hincapié en que la etiqueta ecológica europea “es una referencia clave para las decisiones de compra de las personas consumidoras, asociada a una producción sostenible y de proximidad”. “Aplicarlo sin matices a productos importados desde miles de kilómetros puede distorsionar la percepción real de su huella de carbono”, prosiguió.

Para proteger a los productores ecológicos de la UE y evitar distorsiones comerciales, CECU propone reforzar el control comercial de las importaciones ecológicas mediante evaluaciones periódicas que analicen su impacto real en el mercado interior, sobre todo en materia de competencia justa, precios en origen y equilibrio de la oferta.

Asimismo, ve “esencial” el hecho de incorporar mecanismos de salvaguarda comercial que permitan suspender temporalmente la entrada de productos ecológicos importados cuando no cumplan estrictamente las disposiciones del Reglamento 2018/848.

“Apostar por una competencia justa para los productores ecológicos europeos y por la relocalización de ciertas producciones es clave para garantizar a las personas consumidoras productos ecológicos verdaderamente justos y reales”, reivindicó la experta en comercio de CECU Emily Riesco.

Por último, CECU advierte de que el Reglamento solo regula las prácticas de producción ecológica, sin atender a otros factores “clave” como el transporte o su conservación, pese a ser “claves en la sostenibilidad de los alimentos y formar parte de los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’”.

“Esta omisión impide aplicar la misma certificación ecológica a productos con ciclos de vida profundamente distintos, desvirtuando la función informativa del etiquetado en las personas consumidoras”, resolvió.