En su opinión, las afectadas están "en su pleno derecho" no sólo de pedir a los fabricantes el cambio de prótesis, sino también de exigir el pago de daños y perjuicios por someterse a una segunda operación quirúrgica.

CECU sostiene que los fabricantes deben costear también el pago de los días de baja que provoque esta nueva intervención. Asegura que a responsabilidad les corresponde plenamente, por vender un producto defectuoso que todavía no se sabe si ha causado perjuicios de salud a sus usuarias.