Así lo reclamó en un comunicado en el que destacó la inclusión de medidas orientadas a proteger a los consumidores en el suministro de energía y, en particular, la ampliación del descuento al bono social, la garantía de no cortar los suministros a los hogares vulnerables y las ayudas para la rehabilitación de viviendas.

“Consideramos que la reducción de impuestos al suministro eléctrico es una medida necesaria en este momento para encauzarnos hacia una hoja de ruta de descarbonización, pero la reducción del IVA al gas y a los carburantes hace que se diluya esta intención. Al menos mientras no se implemente, como ya se hace en Portugal, un mecanismo que distinga por nivel de renta a las y los consumidores”, defendió la experta en Energía de CECU Soledad Montero.

En paralelo, la organización lamenta que el texto no incluya un tope al precio de los alimentos básicos de la cesta de la compra ni mecanismos de control de márgenes en las empresas del sector alimentario.

En este contexto, CECU ve “imprescindible” adoptar medidas directas, principalmente el tope de precios para una cesta básica de alimentos, que garanticen el derecho a una alimentación digna y saludable, “evitando que una nueva crisis afecte todavía más a los precios de los alimentos”.

MÁRGENES DE BENEFICIO

Además, CECU ve necesario que el seguimiento y control de los márgenes de beneficio de las empresas energéticas y de carburantes se amplíe también al sector de la alimentación, especialmente a la industria transformadora y a las empresas de distribución.

Junto a ello, echa en falta ayudas “específicas y directas” en el transporte público, una herramienta, a su juicio, “clave para aliviar el gasto cotidiano de los hogares y favorecer una movilidad sostenible, y accesible”.

La organización estima que el transporte público debe formar parte de cualquier paquete de medidas anticrisis, ya que permite reducir impacto del aumento de los precios energéticos en la economía familiar y contribuye a una transición ecológica justa.

Por último, en materia de vivienda, CECU valora la prórroga de los contratos de alquiler, pero cree necesario avanzar hacia medidas “más ambiciosas” que “protejan a la población inquilina y garanticen el acceso a una vivienda digna”.