Así lo advirtió en un comunicado en el que lamentó que, con su voto en contra han “dejado desamparadas a 70.000 familias que podrán ser desahuciadas sin alternativa habitacional y a los miles de hogares que no tienen la posibilidad de hacer frente a las facturas de suministros”.

“A partir de mañana, las personas consumidoras se enfrentarán a una situación de urgencia ante la cual no podrán recurrir al amparo de las instituciones”, criticó.

Por lo que respecta a la no convalidación de la moratoria antidesahucios, supone, según la federación, que, “a partir de mañana, se reactivarán” los procedimientos de desahucio que estaban “paralizados” desde 2020 “como medida de urgencia frente a la pandemia y la crisis de vivienda”.

“A esta situación se le sumarán nuevos procedimientos que pueden comenzar a lo largo del año y la renovación de más de medio millón de contratos de arrendamientos que finalizan en 2026”, apostilló.

En este contexto, el técnico del área de vivienda de CECU Eloy Gutiérrez señaló que, “sin las medidas de protección que hoy han decaído en el Congreso, se va a ver agudizada la crisis de vivienda que atraviesa el país”. ”Reclamamos medidas estructurales de carácter urgente que den respuesta a esta situación”, deslizó.

Ante la falta de convalidación del Real Decreto, las organizaciones de la sociedad civil reclaman una propuesta legislativa “más ambiciosa” que aborde la prohibición de los desahucios, reduzca por ley los alquileres y regule los contratos de arrendamientos de habitación y de temporada.

SUMINISTROS

En paralelo, la federación recordó que la caída de este Real Decreto supone también el fin de la prohibición de cortes de suministros por impago, que “protegía” a miles de hogares en situación de pobreza energética que “no pueden permitirse hacer frente a las facturas de agua o energía”.

“A pesar de que esta prohibición está también vigente desde 2020, durante este tiempo las grandes compañías energéticas han seguido obteniendo miles de millones de beneficios”, manifestó.

En este sentido, CECU insistió en la necesidad de aprobar medidas estructurales que garanticen el acceso a derechos tan básicos como el agua y la energía a toda la población, convencida, además, de que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aún pendiente de publicación, “supondría una oportunidad para incluir este tipo de protección a las personas consumidoras vulnerables”.

Por último, Gutiérrez afirmó que la federación espera que la nueva estrategia “haga permanente la prohibición de cortes de suministros, incluyendo el principio de precaución cuando el motivo del impago sea el nivel de renta”.

En declaraciones a Servimedia previas a la votación, fuentes de la federación alertaron de las “consecuencias devastadoras” para miles de familias en situación de vulnerabilidad, que “quedarán desprotegidas de una medida que garantizaba derechos tan básicos como la vivienda, la energía o el agua”.

“La no renovación de este Real Decreto podría provocar cortes de suministro en más de un millón de hogares y la deuda que se les genere les mantendría atrapados en situación de exclusión social”, añadieron, al tiempo que indicaron que “más de 60.000 familias se verán expuestas a un desahucio inminente sin alternativa habitacional”.