Así lo valoró en un comunicado en el que añadió que el reciente acuerdo sobre el texto final de la directiva de eficiencia energética de edificios “deja en papel mojado muchas de las mejoras que iban a facilitar la rehabilitación de viviendas”.

Tras puntualizar que la rehabilitación energética de viviendas “es clave para reducir las emisiones de los edificios”, que representan el 36% de las emisiones a nivel europeo, la federación defendió que contar con hogares más eficientes “reduciría notablemente las facturas de electricidad y de energía de las familias”.

“Es, además, la única herramienta enfocada a la raíz del problema de la pobreza energética”, advirtió, para agregar que, a pesar de ello, el texto acordado tras las negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo “deja en el tintero” la “mayoría” de demandas “encaminadas a hacer más sencilla y accesible la rehabilitación” para los consumidores europeos.

En concreto, denunció que no introduce “ninguna mejora” para que los certificados energéticos de las viviendas sean “comprensibles” para los consumidores, convencida de que “van a seguir siendo distintos según el país o la región”, lo que hace que, al comprar o alquilar una casa, los usuarios “no tengan información clara sobre el gasto en energía o las necesidades de rehabilitación” del inmueble.

NINGUNA OBLIGACIÓN PARA LOS BANCOS

En paralelo, puntualizó que tampoco incluye “ninguna obligación” por parte de los bancos y entidades financieras para que su cartera hipotecaria tenga “un determinado certificado energético”.

“Esto significa que el sector inmobiliario no va a tener incentivos legales para invertir en la rehabilitación de viviendas, lo que, a su vez, va a hacer difícil que los consumidores puedan acceder a créditos y financiación para la rehabilitación y la eficiencia de sus viviendas”, sentenció.

Con todo, dijo “celebrar” que se incorpore la obligación para los Estados miembro de introducir la figura de las ventanillas únicas de rehabilitación energética, que en España dependen de las comunidades autónomas y que, a su juicio, “constituyen un paso clave” para que los consumidores puedan acceder a información “clara, completa y veraz” sobre las necesidades de rehabilitación, a profesionales con la cualificación específica o a las ayudas para la rehabilitación.