Así lo explicó este miércoles la federación en un comunicado en el que celebró que la propuesta de la CNMC incorpore principios “alineados” con sus demandas “históricas”, como la necesidad de un sistema de asignación de subvenciones “más sencillo, transparente e inclusivo”, capaz de reducir desigualdades y avanzar hacia un modelo social “más equitativo”.

En concreto, la federación aboga por la concesión de oficio de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y por extender este mecanismo al bono social eléctrico y al bono social térmico para garantizar que las personas beneficiarias accedan a estas ayudas “sin barreras administrativas”.

Asimismo, CECU ve “imprescindible” el hecho de “reforzar” la accesibilidad de los procedimientos. En este sentido, pide que los formularios de solicitud no solo “sean más simples y estén mejor estructurados”, como propone la CNMC, sino que también se redacten con criterios de lectura fácil, asegurando su comprensión por parte de cualquier persona.

En paralelo, la organización insistió en que la documentación exigida debe ser “la mínima necesaria para acreditar cada situación”, evitando cargas administrativas “innecesarias” y respetando el derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya están en manos de la Administración, tal como recoge la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

MÁS PROPUESTAS

Otra de las propuestas “clave”, a su juicio, es avanzar en la coordinación entre Administraciones mediante un acuerdo interterritorial que “armonice” los requisitos documentales en todas las comunidades autónomas, facilitando así el acceso a las ayudas y reduciendo desigualdades territoriales.

“Si bien es fundamental diseñar ayudas públicas conforme a los principios de buena regulación y libre competencia, estos no deben prevalecer sobre el interés general. Las ayudas públicas son herramientas al servicio de la ciudadanía y deben priorizar el bienestar de las personas consumidoras, garantizando criterios de equidad y justicia social”, subrayó al respecto la experta en Energía de CECU Soledad Montero.

En este sentido, la federación advirtió de que la protección de la competencia no puede utilizarse como “excusa” para “relegar” la protección de las personas consumidoras.

Por último, CECU reclamó la creación de instrumentos de gestión y presupuestos “específicos” orientados a los colectivos más vulnerables. “Actualmente, muchas ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y por orden de solicitud, lo que deja fuera a quienes más las necesitan”, lamentó.

Junto a ello, recordó que, “en muchos casos, las personas vulnerables no acceden a estas ayudas por desconocimiento o por la imposibilidad de adelantar pagos”, lo que, a su entender, “provoca incluso que los cupos reservados queden desiertos”.

“En un contexto de profundas desigualdades económicas, donde el 9,6% de los hogares no alcanza los 1.000 euros netos mensuales, frente a un 7% que supera los 5.000 euros, es urgente reorientar las políticas públicas para garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan”, estimó CECU.