Así lo anunció en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, el domingo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en el que pidió que se establezcan mecanismos efectivos para “rastrear, identificar, monitorear y corregir productos inseguros”, una legislación “sólida” para evitar que productos “peligrosos” entren en el mercado de la UE y que las empresas “lideren con el ejemplo”.

En este contexto, subrayó que los productos inseguros “suponen un riesgo para sus usuarios y socavan derechos humanos esenciales” y advirtió de la existencia de “peligrosas brechas en la supervisión del mercado”.

A su vez, aseveró que las “brechas regulatorias dejan a los consumidores sin protección” y que fortalecer las leyes, normas y asegurar su cumplimiento “es esencial para proteger a todas las personas consumidoras”.

Tras reconocer que Europa está actualizando su normativa sobre seguridad de los productos e intenta frenar la entrada de productos inseguros, lamentó que siguen circulando por el mercado europeo “un elevado número de artículos que presentan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores”.

COMERCIO ELECTRÓNICO

“Ante el aumento masivo y creciente del comercio electrónico, es necesario que las autoridades nacionales de vigilancia intensifiquen el rastreo de productos peligrosos y aseguren su rápida retirada del mercado”, abundó, al tiempo que estimó que adoptar de forma consolidada la Reforma Aduanera de la UE no sólo disminuirá la entrada de importaciones no seguras, sino que “hará más responsables a las plataformas de comercio electrónico de la seguridad de los productos y de hacer frente a los derechos de aduana correspondientes”.

En paralelo, reiteró que la seguridad del producto “debe estar integrada a lo largo de todo el ciclo de vida”, desde el diseño y fabricación hasta la venta, uso y eliminación y afirmó que las retiradas coordinadas, pruebas compartidas y sistemas de información transfronterizos “son cruciales para una protección global eficaz”.

“Los consumidores en circunstancias vulnerables y los países de bajos ingresos enfrentan mayores riesgos frente a productos inseguros. El acceso a bienes seguros y confiables debe ser un derecho universal, no determinado por geografía, renta o contexto”, resolvió.