Así lo reclamó en un comunicado en el que explicó que ha enviado sus aportaciones en la consulta pública para la elaboración del Plan Nacional de Renovación de Edificios, que, a su juicio, es “una herramienta fundamental” para el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización del parque edificado, la reducción de emisiones asociadas a este y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Para la organización, este documento debe abordar esta renovación desde una perspectiva de fomento de la transición energética “justa, inclusiva y centrada en las personas” y, para ello, propone que se “prioricen” las edificaciones con peor eficiencia energética, se faciliten las actuaciones a los hogares vulnerables y se incluya el objetivo de cero emisiones en el sector para 2050, entre otras medidas.

“Este plan responde a la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de Edificios, que obliga a los Estados miembro a establecer estrategias nacionales a largo plazo para la renovación energética de los edificios residenciales y no residenciales; y recoge el testigo de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), que constituyó un gran paso para apuntalar el proyecto de rehabilitación del parque edificado de nuestro país”, aseveró la organización.

PRINCIPALES PROPUESTAS

Entre sus “principales propuestas” CECU destacó la “vigilancia” de los procesos de certificación energética para evitar “irregularidades” en su uso, de modo que se garantice la información “veraz y fiable” sobre las condiciones energéticas de las viviendas tanto a la administración como a las personas consumidoras.

Además, abogó por “priorizar” la renovación de los edificios situados en barrios vulnerables o con una alta tasa de población en riesgo de exclusión y por crear un fondo económico “específico” para la rehabilitación “exprés” de viviendas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad, que permita la implementación de medidas de “bajo coste y rápida ejecución”, con el objetivo de “paliar situaciones habitacionales críticas”.

Asimismo, emplazó a prohibir la subida de precio de las viviendas en alquiler rehabilitadas con fondos públicos, para evitar que las ayudas a la rehabilitación “fomenten procesos de gentrificación o desahucios”.

Junto a ello, pidió “simplificar” los trámites de las ayudas a la rehabilitación e implementar “un lenguaje claro y accesible” en su comunicación, de forma que se “combata” el “desconocimiento” sobre la existencia de estos recursos y se “incentive” su solicitud por parte de hogares en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, apostó por “tener en cuenta” el gasto en energía como parte de la proporción de ingresos familiares destinados al acceso a la vivienda, convencida de que cualquier hogar que destine más del 30% de sus ingresos en su alquiler o hipoteca más sus facturas energéticas “debería ser destinatario de las ayudas de pobreza energética”.