Así lo lamentó en un comunicado en el que denunció que este resultado “privará” del derecho a la prórroga de dos años al millón de inquilinos que se estimaba que podrían haberse beneficiado, ya que solo lo harán aquellos que la hubieran solicitado antes del 28 de abril.

“Se trataba de una medida garantista que ampliaba por dos años el periodo de los contratos que finalizasen antes del 31 de diciembre de 2027. La iniciativa se planteó en el momento más álgido de la crisis habitacional del país, con los precios de arrendamientos en máximos históricos, con el fin de evitar que millones de inquilinos se viesen forzados a buscar nuevos alquileres en esta situación”, recordó.

A su juicio, la no convalidación de la prórroga “se suma”, además, a la derogación de la moratoria de desahucios de hace unos meses, lo que, a su entender, “ha desprovisto a las personas inquilinas de las pocas medidas garantistas que apuntalaban el derecho a la vivienda en España”.

“La prórroga suponía una ampliación por un tiempo limitado de los contratos de arrendamiento y, en consecuencia, de los derechos y obligaciones de ambas partes. Negarles a las personas inquilinas la tranquilidad de poder permanecer en sus viviendas dos años más es abocarlas a situaciones habitacionales límite”, declaró al respecto Eloy Gutiérrez, responsable del área de Vivienda de CECU.

Por último, ve “previsible” que, debido a la no convalidación de la medida, “muchos caseros aprovechen la confusión para evitar que las prórrogas solicitadas sean efectivas”. “Por eso, recordamos a las personas inquilinas que todas las prórrogas solicitadas en tiempo y forma deben de ser aceptadas”, resolvió.