La organización analizó los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, que incorpora de forma más amplia la variable de discapacidad, y destacó que casi el 20% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia considera que su discapacidad “fue consecuencia directa de esa violencia”.

Según los datos recogidos por Cemudis, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% ha sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, frente al 9,7% de las mujeres sin discapacidad. El porcentaje asciende hasta el 18,2% entre las mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La entidad subrayó además que las mujeres con discapacidad psicosocial presentan “los niveles más elevados de violencia en la pareja”, alcanzando el 45,9% en violencia física o sexual a lo largo de la vida.

Cemudis alertó también de la mayor incidencia de otras formas de violencia. En concreto, el 11,3% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja, frente al 8,2% de las mujeres sin discapacidad, mientras que la violencia económica afecta al 19,2% de las mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La presidenta de Cemudis, Marta Valencia, afirmó que “la violencia no solo vulnera derechos, también deja secuelas permanentes y puede convertirse en el origen de situaciones de discapacidad o incluso agravar las discapacidades ya existentes”.

Asimismo, denunció que las mujeres con discapacidad continúan siendo “las grandes invisibles de la violencia machista” y señaló que muchas afrontan más obstáculos para acceder a sistemas de protección y apoyo.

La organización atribuyó esta situación a factores estructurales como la falta de accesibilidad de los recursos, la dependencia económica, los prejuicios capacitistas o las barreras institucionales, agravadas en casos de pobreza, ruralidad o necesidad de apoyos para la vida diaria.

Por ello, Cemundis reclamó que todas las políticas públicas de prevención, atención y reparación frente a la violencia machista incorporen de forma transversal la perspectiva de discapacidad y accesibilidad universal.

Entre sus demandas figuran reforzar la formación específica en género y discapacidad en ámbitos como el judicial, sanitario, policial, educativo y social; garantizar mecanismos accesibles de detección temprana y acompañamiento; y priorizar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para actuaciones impulsadas por entidades de mujeres con discapacidad.