Según manifestó la organización, siguen existiendo barreras específicas que dificultan el acceso de mujeres con discapacidad a la protección, la justicia y los recursos especializados contra la violencia.

La organización valoró el proyecto normativo, en tramitación, como "un avance necesario para reforzar la protección frente a una de las caras más extremas de la violencia de género", aunque defendió que su proceso parlamentario debe aprovecharse para mejorar el texto y adaptarlo mejor a la realidad de las mujeres con discapacidad.

Según denunció Cemudis, las víctimas con discapacidad afrontan obstáculos añadidos cuando sufren violencia machista o violencia vicaria. "A las dificultades que ya existen para denunciar o acceder a los recursos especializados se suman obstáculos asociados a la accesibilidad, comunicación, dependencia de apoyos o la persistencia de estereotipos", advirtió la entidad.

Asimismo, la entidad señaló que muchas mujeres continúan enfrentándose a prejuicios que afectan a su credibilidad y autonomía. En este sentido, denunció que todavía se cuestiona, "la autonomía e incluso, la capacidad para ejercer la maternidad", circunstancias que pueden complicar tanto la detección de la violencia como el acceso a medidas de protección.

Cemudis también alertó de que la discapacidad puede convertirse en una herramienta de “control o dominación” dentro de las relaciones de violencia.

Entre las prácticas identificadas citó "la manipulación de tratamientos médicos o ayudas técnicas", el control de apoyos personales o económicos, las amenazas de institucionalización o el uso de la discapacidad para desacreditar el testimonio de las víctimas.

Por otra parte, Cemudis también puso el foco en las dificultades para acceder a la justicia. Para la entidad, "la ausencia de información accesible, de ajustes de procedimientos o de los apoyos necesarios puede impedir que las víctimas comprendan las actuaciones, ejerzan sus derechos o participen en igualdad de condiciones".

La organización advirtió además de que estas dificultades se agravan en el medio rural, donde la escasez de recursos especializados y los problemas de movilidad incrementan el aislamiento de las víctimas y limitan su acceso a servicios de atención y recuperación.

Así pues, Cemudis pidió incorporar la perspectiva de discapacidad en toda la ley de violencia vicaria, garantizar la accesibilidad universal en recursos y procesos, reforzar la formación especializada de jueces, fiscales, policías y profesionales de la salud mental, mejorar los sistemas de valoración del riesgo e impulsar mecanismos de seguimiento concretos.

"La violencia vicaria exige una respuesta institucional que tenga en cuenta la diversidad de las víctimas y elimine las barreras que todavía dificultan el acceso a la protección y a la justicia", defendió la entidad, concluyendo que la incorporación transversal de la discapacidad contribuiría a una protección "más eficaz, accesible e igualitaria" para todas las mujeres con discapacidad.