La APRI destacó este viernes que, según la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales, por quinto año consecutivo se incumple la norma que obliga a los representantes públicos a publicar sus agendas institucionales.

Para esta entidad, este incumplimiento evidencia que la transparencia en la relación entre los legisladores y los grupos de interés se encuentra "muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada". La reiteración de esta situación sugiere que "el problema no es puntual ni técnico, sino estructural y político".

Esta asociación sostiene que la falta de cumplimiento se debe, en gran medida, a "la ausencia de un mecanismo sancionador efectivo en las Cortes" y a "la falta de desarrollo normativo de las obligaciones de transparencia". Sin instrumentos de supervisión, control y sanción, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se debilita y pierde eficacia.

El presidente de la APRI, Carlos Parry, manifestó: "Si quienes tienen la responsabilidad de impulsar y aprobar una regulación del 'lobby' no cumplen con las obligaciones de transparencia que ya les son exigibles, resulta difícil trasladar a la sociedad un mensaje creíble de compromiso con esta reforma".

PARALIZACIÓN LEGISLATIVA

Para esta asociación, resulta alarmante que se mantengan paralizados, por falta de acuerdo político, dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación. Uno de ellos es el proyecto de ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés. El otro es la reforma del Reglamento del Congreso, necesaria para desarrollar los compromisos de Parlamento Abierto.

La APRI entiende que la calidad democrática exige reglas claras y aplicables que refuercen la confianza pública. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de que España adopte una legislación específica sobre 'lobby', incluyendo un registro público obligatorio.

Añade que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha reclamado durante años reglas claras sobre la relación entre parlamentarios y lobistas. La actual parálisis regulatoria coloca a España en una posición de retraso respecto a las mejores prácticas internacionales.

Al mismo tiempo, la APRI instó a todas las fuerzas políticas a dialogar para alcanzar un acuerdo que permita aprobar una regulación ambiciosa y efectiva. La asociación también reiteró su disposición a colaborar con las instituciones y grupos parlamentarios para contribuir a una regulación moderna y equilibrada.