Así lo expone el informe sobre la situación de la educación y la movilidad de jóvenes en Centroamérica presentado este lunes en el Congreso de los Diputados por la ONG Educo, miembro de la Campaña Mundial por la Educación-Coalición Española (CME).

Bajo el título ‘Educación negada, futuros truncados. Adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica’, el informe se centra en analizar la situación educativa en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero sus resultados se consideran extrapolables a la región.

Estudia especialmente las cuestiones de la inversión en educación, el abandono escolar y la invisibilidad de la emergencia educativa en estos lugares, basándose en datos estadísticos de diferentes fuentes y en testimonios de jóvenes (tanto que no se movieron de su país como retornados) y otros profesionales de la educación en estos países.

Las principales conclusiones del informe, expuestas por la responsable de Incidencia y Relaciones Políticas de Educo, Paula San Pedro, muestran que estos países deberían invertir un 6% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación, pero solo invierten la “mitad o un poco más de la mitad” de ese nivel recomendado.

La inversión por estudiante en estos países es un tercio de lo que invierten otros países latinoamericanos como Perú o Colombia y la mayor parte del gasto educativo se destina a salarios docentes, dejando el resto de las necesidades “marginadas”.

Además, la educación en emergencias, como es el caso de la de estos países, recibe solo el 3% de la ayuda humanitaria global. En cuanto a la financiación internacional de la educación en Centroamérica y teniendo en cuenta los llamamientos de Naciones Unidas sobre las necesidades escolares de esta región, los tres países analizados reciben solo entre el 13% y el 15% de las necesidades educativas identificadas.

Ese retraso promedio de aprendizaje de dos años, que está presente incluso entre estudiantes que no han migrado de sus países, se encuentra estrechamente relacionado a las “grandes” diferencias territoriales, socioeconómicas y étnicas que existen en la región, además de barreras administrativas e institucionales.

Sobre el abandono escolar en Centroamérica, además de que la mitad de los estudiantes no completa la Educación Secundaria, el 60% de los niños retornados a estos países “directamente ni acceden a las escuelas”, dijo Paula San Pedro. Entre quienes sí entran, muchos abandonan por falta de “apoyo educativo y burocracia”.

Asimismo, existen desajustes académicos graves en Centroamérica, ya que hay aulas donde coinciden “niños de 14–15 años con otros de ocho años” debido a la falta de reconocimiento académico y trabas administrativas. Esto genera desprotección, desigualdad y abandono.

Igualmente, la violencia está “en todos los espacios” (casa, calle, en los trayectos y escuelas) y no hay profesionales capacitados para detectar traumas o dar apoyo psicosocial, lo cual genera que las escuelas dejan de ser un entorno protector y favorece el abandono, y genera “brechas absolutamente enormes”.

Paula San Pedro también señaló que el informe evidencia una falta de datos y de registro de información sobre las realidades sociales de estos países porque no se sabe quiénes están en el aula ni sus trayectorias y los migrantes o retornados “no quieren decir su situación por estigma”, lo que invisibiliza aún más sus necesidades.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por otro lado, la gerente de comunicación e incidencia de PLAN Internacional, Julia López, expuso cuestiones del informe centrándose en la perspectiva de género y la situación de las niñas y adolescentes en movilidad humana en Centroamérica.

López señaló que América Latina y el Caribe es la “única región donde la tasa de matrimonios infantiles no ha disminuido en los últimos 25 años”, y que “entre el 20% y el 30% de las mujeres han sido casadas antes de cumplir los 18 años”.

A ello se suma que la región “concentra la segunda tasa de embarazo adolescente más alta del mundo” y que la violencia sexual es una realidad cotidiana porque “seis de cada 10 adolescentes salvadoreñas han sufrido violencia sexual”; en Guatemala las “niñas de entre 10 y 14 años tienen una de las tasas más altas”; y en Honduras “más del 55% de las víctimas de violencia sexual son adolescentes de entre 10 y 19 años”.

Estas situaciones previas ya afectan su acceso educativo, pero se agravan con la “violencia comunitaria de los grupos y maras, la pobreza, los fenómenos climáticos extremos y la movilidad forzada”, que multiplican las vulnerabilidades y convierten “cada paso de su camino en un riesgo” por la falta de redes, recursos y servicios especializados.

Además, subrayó que la movilidad está cada vez más feminizada: “el 20% de las mujeres que migran en la región son niñas y adolescentes”. Así pues, explicó que más de la mitad migra buscando protección, ya que el “32% abandona su país por inseguridad y otro 21% por falta de acceso a necesidades básicas”.

En esta jornada de presentación del informe en el Congreso también participaron el subdirector de Contextos Humanitarios y Diplomacia Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Jesús Rogado, y una representante de CME Pilar Orenes. Ambos compartieron la urgencia de mejorar la calidad educativa de la región al mismo tiempo que visibilizar más su realidad.