El planteamiento fue aprobado por la patronal durante una reunión este miércoles de su Junta Directiva ante la inminente convocatoria de los agentes sociales que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este martes en la toma de posesión para repetir al frente de esta cartera.

La CEOE justifica su tesis en que subir el SMI un 3% cada año está en línea con lo acordado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pactado entre sindicatos y patronal el pasado mes de marzo, y que recomendaba que los convenios colectivos incrementaran los salarios un 4% este año y un 3% tanto en 2024 como en 2025.

Asimismo, el acuerdo recogía una cláusula de revisión salarial en función de la inflación que podría implicar otra ligera subida de las retribuciones y que CEOE explica que también se tendría en cuenta en su planteamiento sobre la evolución del SMI.

“Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva” indicaron desde la patronal.

Eso sí, precisaron que esta propuesta tiene “como condición sine qua non” la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC.

Igualmente, argumentó que el aumento del SMI que proponen CEOE y Cepyme se sitúa por encima del incremento salarial del 2% aplicado a los funcionarios para 2024.

En su propuesta, las organizaciones empresariales tienen en cuenta las variables previstas en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, como el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

Por último, las organizaciones empresariales volvieron a reiterar su petición de que se establezca un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes.