Así se desprende del sexto ‘Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España’, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión y su impacto en la economía. Dicho documento alerta de la falta de adaptación de las ayudas al sector privado, por lo que CEOE considera fundamental “reforzar los lazos del sector productivo” con los diferentes niveles de la Administración.

El documento, aprobado por la Junta Directiva de CEOE, recuerda que, hasta la fecha, España ha recibido 38.419 millones de euros del total de los 163.000 millones a los que asciende el Plan de Recuperación. Esto incluye 37.036 millones ya recibidos de los tres desembolsos realizados por la Comisión Europea más los 1.383 millones de la prefinanciación de la Adenda, autorizada en enero.

Además, están pendientes los 10.021 millones solicitados por el Gobierno, correspondientes al cuarto desembolso, para los que se ha abierto una nueva prórroga hasta el mes de mayo para la evaluación técnica de 61 hitos y objetivos.

LOS PAGOS SE RALENTIZAN

Desde la segunda mitad de 2023, los abonos realizados por la Comisión Europea se han ralentizado, con el último pago del tercer desembolso realizado en marzo. En comparación, otros planes de recuperación europeos han ido avanzando. Así, Italia y Portugal se sitúan a la cabeza de los fondos Next Generation, tras recibir ya el cuarto pago parcial el pasado mes de diciembre.

Por ahora, España ha cumplido 182 hitos y objetivos del total de 595 que recoge la Adenda al Plan de Recuperación, es decir, apenas un 20% del total.

A partir de este año, el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan tiene un mayor peso en las inversiones, con el aumento de la publicación de grandes convocatorias enmarcadas en los Perte y el despliegue de los hasta 84.000 millones de euros en préstamos previstos en la segunda fase.

A diciembre de 2023, se habían resuelto más de 33.600 millones de euros en subvenciones y licitaciones, de los que 28.000 millones han correspondido a la Administración General del Estado (un 83% del total) y 5.600 millones se han asignado a las comunidades autónomas (17% del total). Alrededor de 17.000 millones de euros se han destinado al sector privado.

BARRERAS

En este punto, el informe señala que “las empresas siguen percibiendo una falta de transparencia continuada en la publicación anticipada de las convocatorias, lo que supone barreras a la hora de preparar la solicitud de proyectos”. Además, avisa de que se empiezan a evidenciar retrasos en la adjudicación de las ayudas, lo que genera incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias.

“En el caso de los préstamos previstos en la segunda fase del Plan de Recuperación, una de las principales preocupaciones del sector privado es la escasa información pública que se ha facilitado en lo relativo al diseño de las líneas de financiación, en especial para fondos como la línea ICO-Empresas y Emprendedores o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Esto es clave para que las empresas puedan acceder a los préstamos con las condiciones y plazos que se fijen con las entidades financieras”, añade la patronal.

Asimismo, el informe insiste en la necesidad de resaltar el papel protagonista que el sector bancario debe tener en la canalización de estos préstamos. “Todo esto conforma un entramado de desafíos en los tres niveles de la Administración, que deben concentrar sus esfuerzos en estrechar lazos con las necesidades de las empresas a nivel autonómico y regional, con el objetivo de ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial y sus prioridades”, abunda.

Entre estas prioridades, además de la necesidad de un aumento de transparencia y mayor colaboración del sector privado, el documento destaca la necesidad de ampliar las ayudas a actividades ligadas a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, tanto en materia de digitalización y sostenibilidad, como de renovación de maquinaria y costes asociados a instalación de infraestructuras.

Por último, la CEOE considera “fundamental” agilizar al máximo los procesos de evaluación y resolución de expedientes, para evitar que se desincentive la participación de las pymes.