Según informaron ambas este lunes, en su declaración alertan de que esta normativa, que desvincula los precios de los contratos públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC), impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas. Advierten de que esa “rigidez normativa está generando efectos perversos en la prestación de servicios básicos, especialmente en el actual contexto socioeconómico marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica”. Reclaman una modificación para permitir la revisión de precios en función de la evolución de los costes.

“La aplicación de la desindexación al sector servicios pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos, compromete la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y amenaza la sostenibilidad de las organizaciones que prestan estos servicios”, señaló el Comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, Juan Antonio Segura, plataforma que representa a cerca de 28.000 entidades sociales.

Por su parte, CEOE considera necesaria la aplicación de esta desindexación, ya que, “en un contexto tan incierto como el actual, las posibles fluctuaciones de costes y la imposibilidad de adaptar los contratos a los mismos, generan una situación de inseguridad que afectan de forma importante a la actividad en el sector y van en detrimento, en último término, de las personas beneficiarias de los servicios”, explicó el presidente de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz.

Recuperar la actualización automática de los contratos públicos en base a la variación del IPC es una demanda histórica de CEOE por la viabilidad de muchas empresas y organizaciones, especialmente del tercer sector, que ahora no pueden ajustar los precios pese a la subida de costes.

Ambas organizaciones destacan que se está produciendo un desequilibrio económico en los contratos, obligando a muchas entidades a prestar servicios a pérdidas. Consideran que desincentiva la participación en licitaciones públicas, al no poder garantizar condiciones mínimas de calidad y regularidad, y “se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente aquellos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad”, y de las empresas que los prestan.

CEOE y la Plataforma del Tercer Sector subrayan que ya se han aprobado medidas similares para los contratos de obra pública, lo que demuestra, a su juicio, la viabilidad jurídica y presupuestaria de aplicar esta solución también al sector servicios, y reclaman al Gobierno que actúe con urgencia.