Santos se expresó de este modo durante una sesión de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, con intervinientes por parte de las patronales y de los sindicatos. En ella, Santos reconoció el valor del Pacto de Toledo y su origen en el “gran consenso” en un ámbito tan trascendental.

Dicho esto, avisó de que existen medidas aprobadas en los últimos años como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un recargo en las nóminas para rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como ‘hucha’ de las pensiones. Este mecanismo es un gravamen del 1,2%, de los que un punto lo sufragan las empresas y 0,2 los trabajadores.

A juicio de la representante de CEOE, se trata de un “recargo creciente sobre las cotizaciones que recaen en su mayoría en las empresas, pero también en los trabajadores, con especial impacto en la gente más joven, con carreras más cortas y con más interrupciones”.

“Esta medida castiga especialmente a los sectores intensivos en empleo y añade un coste fijo en un entorno de márgenes ya estrechos para las pymes, que empeorará todavía más si finalmente se aprueba el proyecto de ley de la reducción de la jornada”, previno Santos. En este sentido, señaló que es una medida que “no aporta equilibrio sistémico real” y lo calificó con ironía de “derrama”.

También censuró la sobrecotización a los salarios más altos, ya que desincentiva a los trabajadores de alta cualificación, así como rechazó que la reforma de pensiones prevea que en caso de desequilibrio, y si no hay acuerdos, se aumentarán automáticamente cotizaciones. “El resultado es un sistema financieramente más exigente, pero no necesariamente más sostenible”, sintetizó Rosa Santos.

Igualmente, enumeró retos del sistema como que se debe buscar nuevamente el “consenso”, en alusión a medidas aprobadas la pasada legislatura sin el consenso de sindicatos y patronal; políticas de natalidad y de migración “ordenada”; mayor financiación anticíclica para situaciones de crisis sin “sobrecargar” a las empresas, y una apuesta por mejorar la productividad.

Asimismo, se detuvo en el absentismo laboral, porque “son insoportables nueve millones de bajas y un coste que en el año 2024 se ha situado en 29.000 millones de euros”, 15.000 que ha pagado la Seguridad Social a través de cotizaciones y 14.0las empresas. “Es insostenible, sobre todo en términos de salud, y es un asunto del que debemos ocuparnos, que estamos trabajando en la mesa de diálogo social”, enfatizó la responsable de CEOE.

En paralelo, instó a reforzar los planes individuales de pensiones y los colectivos, así como a dotar de una mayor transparencia al sistema público de pensiones y evitar que las cotizaciones soporten costes de prestaciones no contributivas.

Tras Rosa Santos, que pidió un sistema de cuidados que facilite que siempre recaigan estas tareas sobre las mujeres, intervino la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, quien advirtió de que la evolución demográfica va a someter al sistema de pensiones en España a un “reto de sostenibilidad muy superior al actualmente existente, con un déficit contributivo de partida creciente”.

Terán coincidió en buena parte de los riesgos y retos expuestos por la representante de CEOE, aunque puso el foco en mayor medida en el efecto de los aumentos de costes para las pymes. Destacó la importancia del empleo en la sostenibilidad de las pensiones pero avisó de que en los últimos meses, las micropymes redujeron su volumen de puestos de trabajo en unos 3.000, mientras las grandes compañías los han incrementado en más de 320.000, de modo que la gran empresa está explicando el 70 % del empleo creado en el último año.

Al hilo, lamentó que en un momento de crecimiento económico no aumenten por igual las empresas de todos los tamaños, aunque también repasó medidas positivas adoptadas, como favorecer los incentivos para la compatibilidad entre pensión y trabajo.