Así lo explicó el presidente de Cepes, juan Antonio Pedreño, en un comunicado, en el que expresó su comprensión con la “finalidad legítima y necesaria” de la norma para reforzar la “confianza” de la ciudadanía en los procesos de elaboración normativa y en las relaciones entre las instituciones públicas y los actores sociales y económicos.

No obstante, Cepes aclaró que la transparencia debe compatibilizarse con la protección de información relativa a la estrategia institucional, la organización interna y la planificación de la actividad de representación de intereses legítimos.

“La publicación y comunicación sistemática de determinada información, documentación y actividades, que se exigen como obligaciones a los grupos de interés en el real decreto-ley, puede afectar a elementos sensibles de funcionamiento que no aportan un valor añadido significativo para el control público de la actividad de influencia, pero sí pueden comprometer la capacidad de actuación de las entidades representativas”, aseveró la patronal española de la economía social.

En este sentido, el presidente de Cepes solicitó que se adapte este Real Decreto a los estándares europeos y aseguró que el Registro de Transparencia de la Unión Europea constituiría una “referencia suficiente y adecuada para satisfacer las exigencias de transparencia, garantizando al mismo tiempo un equilibrio razonable entre el derecho de la ciudadanía a conocer quién participa en los procesos de decisión pública y la necesaria protección de información interna de las organizaciones”. El propio Real Decreto-Ley declara su voluntad de alinearse con los principios y estándares europeos en esta materia.

Igualmente, rechazó que las excepciones en determinadas obligaciones que recogía el texto anterior que trabajó el Gobierno en relación con sindicatos y patronales hayan desaparecido en este decreto. Para Cepes, es “difícilmente justificable” esta modificación, especialmente teniendo en cuenta que sindicatos y organizaciones empresariales desempeñan una función constitucionalmente reconocida en el diseño de políticas públicas, la negociación y el diálogo institucional con el Gobierno y las administraciones públicas.

“La desaparición de esta exclusión supone equiparar a estas organizaciones con operadores profesionales de lobby o consultoría institucional, ignorando la singular posición que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico”, apuntaló esta patronal.

Por ello, Pedreño hizo un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que, durante la tramitación y debate parlamentario de la norma, se revisen aquellos aspectos que introducen “obligaciones excesivas o innecesarias y se recupere un enfoque más proporcionado, coherente con los estándares europeos y respetuoso con la función institucional que desempeñan las organizaciones empresariales”.