En un comunicado, Cepes pidió medidas transitorias que permitan preservar las capacidades de recogida, clasificación, reutilización y reciclaje sobre las que deberá apoyarse el futuro modelo de gestión, impulsando al mismo tiempo la economía circular y el empleo inclusivo.

También explicó que las empresas de Economía Social que operan en el sector llevan meses alertando de que el retraso en la implantación efectiva de la RAP puede comprometer la continuidad de una infraestructura que constituye hoy un activo estratégico para el país y cuya pérdida afectaría a la capacidad de España para afrontar con garantías la transición hacia un modelo más circular y sostenible.

En su opinión, se trata de una situación que ya ha comenzado a tener consecuencias sobre el terreno. “El desequilibrio entre el volumen de textil recogido y la capacidad del sistema para darle una salida sostenible está obligando a adecuar temporalmente la recogida en los territorios más afectados, e incluso a suspender o retirar determinados puntos de recogida”, abundó.

En una primera fase, estas medidas supondrán una reducción del 7% de la recogida -4.000 toneladas, lo que desecharía una ciudad española en casi 2 años- un porcentaje que podría aumentar si no se llega a una solución.

Y es que, según la patronal española de la economía social, cada vez resulta más difícil mantener toda la capacidad de recogida existente sin un sistema de financiación suficiente y sin nuevas salidas para el material recuperado. De prolongarse esta situación, advirtió de que podrían seguir deteriorándose capacidades de recogida, gestión y clasificación, así como puestos de trabajo que serán necesarios para garantizar el funcionamiento del futuro modelo.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, subrayó que la economía social lleva décadas demostrando que es posible combinar eficiencia ambiental, generación de empleo e inclusión social.

“La transición hacia el nuevo modelo debe construirse sobre esa experiencia y esas capacidades, no ponerlas en riesgo. Preservar esta infraestructura significa garantizar que España pueda avanzar hacia una economía circular con todas las garantías y, sobre todo, trabajar para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo”, ahondó Pedreño.

RED CREADA

En 2024, las empresas de economía social recogieron de forma separada cerca de 119.000 toneladas de residuos textiles a través de, aproximadamente, 30.000 contenedores, 10 plantas de clasificación, operadores especializados y redes de reutilización y reciclaje distribuidos por todo el territorio nacional, que cuentan además con 310 puntos de venta.

Pese a ello, actualmente, solo el 13% del residuo textil generado se recoge de forma separada, mientras que el 87% continúa fuera de este circuito.

Para Cepes, la reutilización requiere capacidad de clasificación, tecnología, conocimiento especializado, trazabilidad y redes de donación y comercialización. En este sentido, recordó que las empresas de la economía social gestionan más del 60% del residuo textil tratado en España y generan más del 90% del empleo del sector, con más de 3.700 puestos de trabajo.

Pedreño destacó que “España dispone de una “infraestructura única”, construida durante muchos años gracias al compromiso de las entidades de la economía social. “Si permitimos que se debilite antes de que el nuevo sistema esté plenamente operativo, perderemos un activo estratégico que aglutina capacidades, conocimiento, empleo y cohesión territorial y que después será muy difícil de recuperar”, incidió.

ASOCIACIONES

Al respecto, desde la AERESS, asociación sin ánimo de lucro, constituida como plataforma a nivel estatal que representa a 36 entidades especializadas en la inserción sociolaboral y la gestión de residuos, con presencia en 13 comunidades autónomas, María Suau Font, miembro de su junta directiva, avisó de que “España ha construido durante décadas una infraestructura social y ambiental imprescindible para el futuro modelo de gestión textil”.

“Garantizar su continuidad exige una financiación suficiente y estable que permita sostener las infraestructuras, el empleo y la viabilidad de las entidades que la hacen posible. No está en juego únicamente la continuidad de determinadas organizaciones, sino la capacidad del país para preservar el conocimiento, el empleo y la presencia territorial que necesitará para afrontar el nuevo modelo textil”, añadió.

En la misma línea, desde Moda re- una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas Española, su directora general, Noema Paniagua, resaltó que “la gestión del textil no genera únicamente un retorno ambiental”.

“Cada prenda recuperada forma parte de un modelo que genera empleo, acompaña procesos de inserción y crea oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad. Ese valor social debe formar parte también del futuro sistema”, se congratuló.

El director general del Grupo Social amiab, Pedro Sáez, proyecto compuesto por 14 centros especiales de empleo de iniciativa social, que gestiona más de 30.000 toneladas de residuos al año, considera que “estamos en el momento más delicado para el sector del reciclaje textil.

“Es extremadamente necesaria la rápida actuación de la administración competente para garantizar que la transición al modelo de Responsabilidad Ampliada no ponga en peligro los casi 4000 empleos de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad actuales, sino que además, ayude a seguir generando más oportunidades de inserción. Para ello, la ejecución real de la reserva de mercado y la financiación urgente de los productores son elementos capitales que no pueden esperar”, zanjó.

IMPORTANTE ESFUERZO

Por otro lado, Cepes señaló que durante los últimos años, las empresas y entidades del sector han realizado un importante esfuerzo para prepararse para la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor, reforzando instalaciones, profesionalizando equipos, mejorando la trazabilidad e invirtiendo en nuevas capacidades de reutilización y reciclaje.

Sin embargo, apuntó que el retraso en el desarrollo reglamentario ha dejado estas inversiones sin el marco de financiación previsto, obligando a las organizaciones a asumir unos costes crecientes mientras continúan prestando un servicio esencial para la ciudadanía. A ello se suma el incremento del volumen de ropa depositada por la población en los contenedores textiles.

Por ello, las entidades insistieron en que no es necesario crear una nueva red, sino garantizar la continuidad de la ya existente mediante mecanismos transitorios de financiación hasta que el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor esté plenamente desplegado.

Asimismo, defendieron un modelo basado en la financiación suficiente, la transparencia y la trazabilidad, capaz de aprovechar las capacidades ambientales, sociales y territoriales ya existentes.