Pere Llorens, presidente de la confederación, calificó dichas comisiones como "discriminatorias", tanto para el consumidor que paga en papel moneda (ya que soporta la parte proporcional de la comisión pagada) como para el propio comerciante, ya que las entidades cobran diferentes comisiones según quién sea éste.

De esta form, las grandes superficies suelen pagar un 0,25%, mientras que algunos pequeños comerciantes soportan hasta el 6%. La media de las comisiones cobradas es del 3,5%, mientras que en la UE es del 0,75%, lo que la confederación considera otra discriminación.

Llorens aseguró que los comerciantes pagan anualmente 350.000 millones de pesetas en comisiones, que encarecen los precios de los productos, por lo que la eliminación de éstas supondría un descenso de la inflación anual del 0,5%.

Recordó que los uuarios de las tarjetas ya pagan por su uso una cantidad anual, por lo que ha propuesto al Tribunal de Defensa de la Competencia que anule las comisiones, ya que consideran excesivos los beneficios que obtienen las entidades emisoras de las tarjetas.

Un ejemplo: un cliente que por una compra con tarjeta entró en números rojos por 39 pesetas vio cómo su banco le cobró, además de esa cantidad y los intereses de demora, 2.500 pesetas por gastos de gestión del asiento.

Los comerciantes están dispuesto a pagar los gastos de instalación de la tarjeta, pero no las comisiones. Pere Llorens dijo que dado el volumen de transacciones que están moviendo las tarjetas (9,6 billones anuales), el Banco de España debería plantearse ser el emisor de dicho instrumento de pago y aseguró que existe una propuesta en el Parlamento Europeo en el mismo sentido a nivel comunitario.