Así se pone de manifiesto en el informe ‘Cuando las bombas cierran los grifos: el impacto del conflicto en las infraestructuras hídrica del Líbano’, elaborado por Acción Contra el Hambre e Insecurity Insight, cuyas conclusiones se publicaron este martes.

El trabajo pone de manifiesto que los continuos ataques de Israel contra las infraestructuras hídricas libanesas entre octubre de 2023 y abril de 2025 han provocado “efectos devastadores tanto a corto como a largo plazo”.

También atestigua que nueve meses después del “frágil alto el fuego”, más de 30 pueblos siguen sin acceso a agua corriente.

En ese sentido, estos ataques han causado “una interrupción a largo plazo del suministro de agua potable y una dependencia de la población a los camiones cisterna que muchas personas no pueden permitirse”. Como lo acredita el Banco Mundial, las pérdidas se calculan en 171 millones de dólares en los sectores del agua, las aguas residuales y el riego.

El informe expone que sólo en las provincias de Nabatieh y el sur, un mínimo de 26 redes de bombeo de agua y 28 redes de tuberías de agua han tenido “daños moderados” desde octubre de 2023.

A pesar de que la mayoría de los daños en las infraestructuras hidráulicas tuvieron lugar en el sur de Líbano, la localidad de Schmustar, en Baalbek, en la Becá, sigue sin agua corriente, “con un pozo completamente destruido y otros cinco parcialmente dañados”, lo que aboca a “miles de residentes dependientes de un depósito de agua que sólo se llena hasta el 20% de su capacidad”.

La directora de Insecurity Insight, Christina Wille, arguyó que “los ataques tuvieron consecuencias devastadoras para los agricultores, ya que la escasez de agua afectó al riego y a la producción de alimentos”, como lo acredita que “más del 82% de los agricultores entrevistados en el sur del Líbano durante la investigación afirmaron que no podían obtener agua suficiente para regar sus cultivos o dar de beber a su ganado”.

En la misma línea, la directora de Acción contra el Hambre en Líbano, Suzanne Takkenberg, afirmó que “la estación seca, unida a la falta de acceso al agua causada por los ataques, obliga a las comunidades vulnerables a recurrir a fuentes de agua insalubres o contaminadas para sus necesidades diarias”, lo que “conlleva un riesgo muy real de enfermedades”.

A su vez, el director general del Establecimiento de Agua del Sur de Líbano, Wassim Daher, señaló que “los expertos de nuestro equipo estiman que el 90% de los servicios de agua en un radio de cinco kilómetros de la frontera sur del Líbano se han visto interrumpidos”; mientras que “otras 92.000 personas que vivían en estas zonas antes de octubre de 2023 no han regresado debido a la destrucción y la falta de servicios esenciales”.

Ante esta situación, en el documento se observa que “todas las partes en el conflicto tienen obligaciones claras en virtud del derecho internacional humanitario de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas las instalaciones de agua”.

Por ello, se reclama la adopción de “medidas urgentes para restablecer el suministro de agua a las comunidades” y el resto a los términos del acuerdo de alto el fuego.