En un escrito presentado por la defensa de Cerdán al juez Leopoldo Puente y al que ha tenido acceso Servimedia, se sostiene que la demora en la presentación de este informe supone una "grave afectación" a su presunción de inocencia, ya que se le atribuyen hechos delictivos sin aportar elementos probatorios que los sustenten y permitan su contradicción.

El exdirigente socialista se queja de que el propio juez y la UCO le tratan en la práctica como 'culpable', pero no se completan los actos procesales para demostrar su culpabilidad, lo que vulnera la Directiva europea 2016/343 sobre presunción de inocencia en el proceso penal.

El escrito recuerda que el informe patrimonial fue requerido el pasado 20 de junio mediante auto judicial y su remisión se acordó por providencia de 30 de junio. Sin embargo, transcurridos siete meses desde el requerimiento y casi un año desde que se inició la investigación policial, dicho informe no ha sido aportado a las actuaciones.

IMPUTACIONES SIN PRUEBAS

La defensa denuncia que los atestados policiales y las resoluciones judiciales proyectan hipótesis sobre la actividad delictiva y especialmente sobre la cuantía y naturaleza de supuestos "premios, comisiones o mordidas", pero no consta el informe patrimonial que permita identificar específicamente estos actos y cantidades en el investigado.

El escrito cita como ejemplo el auto de prisión de Cerdán, que afirmaba que podría haber recibido al menos 4.500.000 euros. Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada, pero no puede quedar "en el aire", argumenta la defensa del exdirigente socialista.

Asimismo, la defensa niega que Cerdán sea dueño del 45% de Servinabar, empresa que, según la investigación, actuaría como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública. Además, rechaza que esta sociedad sea una empresa pantalla y asegura que tiene actividad real.

Se añade que las personas que han trabajado temporalmente en Servinabar han realizado las pertinentes actividades remuneradas y que existe "nutrida prueba, incluso fotografías", de la realidad de tales trabajos. Resulta sorprendente que no se haya tomado declaración a los posibles testigos, añade la defensa.

VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La defensa sostiene que cuando las autoridades policiales hacen una imputación en atestados públicos de forma recurrente durante meses en iguales términos y no aportan los elementos probatorios que los sustenten, se consuma una "práctica procesal perversa" claramente contraria a la presunción de inocencia del investigado.

El escrito recuerda que desde el auto de 4 de febrero de 2025 y especialmente desde la presentación del informe de la UCO 96/2025 en junio pasado, vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas contra Santos Cerdán y su familia.

Para la defensa del exdirigente socialista, estas informaciones no son meras invenciones de los medios, sino que están extraídas parcialmente de los atestados de la Guardia Civil y de las resoluciones dictadas por el tribunal. De esta manera, se asienta en la opinión pública la "verdad oficial" de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna, denuncia el escrito.

La defensa argumenta que no le es posible acudir a la protección civil de los derechos de su representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del "reportaje neutral" las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales de autoridades públicas que gozan de amplia credibilidad.