El nuevo instrumento desarrolla la Estrategia de Gobierno de la IA 2025-2027 y sitúa la innovación tecnológica bajo un principio claro: respeto pleno a los derechos humanos, la accesibilidad universal y la seguridad jurídica, en coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Protocolo establece un sistema de clasificación de riesgos —inaceptable (prohibido), alto (uso supervisado) y limitado (innovación)—, crea un registro obligatorio de todas las herramientas de IA en uso y articula mecanismos de supervisión humana, transparencia y rendición de cuentas.

Queda prohibido, entre otros supuestos, el uso de sistemas que traten datos personales sin garantías legales, adopten decisiones automatizadas sin intervención humana significativa o incorporen sesgos discriminatorios no mitigables.

Asimismo, se aprueba una Política de Uso Aceptable obligatoria para todo el equipo humano y un régimen de diligencia debida para empresas proveedoras, con exigencias estrictas en materia de accesibilidad, protección de datos, trazabilidad y no reutilización de contenidos para el entrenamiento de modelos.

El Cermi habilitará, además, un canal accesible para que cualquier persona pueda solicitar la revisión humana de decisiones apoyadas en IA.

Con esta iniciativa, el Cermi refuerza su compromiso de que la inteligencia artificial sea una herramienta al servicio de la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad, evitando nuevas brechas o formas de discriminación tecnológica.