Así lo reflejan el Cermi y Feacem en un documento sobre la nueva Ley 3/2023 de Empleo y su repercusión en la discapacidad, en el que se presenta información global sintética de la nueva Ley, y se exponen con más detalles los contenidos específicos de discapacidad.

El Cermi señala en el documento que en los principios de la política de empleo recogidos en el artículo 5 de la Ley ya se hace referencia a la discapacidad. “Los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo y desarrollo profesional por motivo de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social favoreciendo de esta manera la cohesión social”. También se reflejan en este artículo cuestiones como “garantizar la igualdad de acceso a las políticas activas de empleo a cualquier persona en todo el Estado”.

Este documento pone énfasis en las cuestiones relativas a las personas con discapacidad, haciendo referencia a la igualdad de trato, no discriminación y sesgos.

También hace referencia al establecimiento de un nuevo eje específico en las políticas de empleo para personas con discapacidad, el Eje 4, que habla de las 'Oportunidades de Empleo para Personas con Discapacidad'.

En cuanto a la especialización y profesionalización del personal de los servicios públicos de empleo y las entidades colaboradoras, hace también especial mención a las personas con discapacidad y a la accesibilidad cognitiva. “Procurarán mantener una plantilla que reúna perfiles técnicos y de gestión con la suficiente especialización en el desarrollo de políticas de empleo para dar respuesta a las nuevas realidades y a los diferentes perfiles demandantes de ocupación, incluidas las personas con discapacidad”.

Otro de los puntos a destacar en este documento es la consideración como colectivo de atención prioritaria e inclusión a las personas con trastorno del espectro del autismo como colectivo con “especiales dificultades”. “Se incluirá formación específica en accesibilidad cognitiva para atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo”, resalta en este informe.

Por otro lado, este documento dedica específicamente un artículo referido a personas con discapacidad demandantes de empleo, señalándose en el artículo 54.

Por su parte, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 4, considerándose como persona con discapacidad a las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Finalmente, se hace mención en este informe al Capítulo VI de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de que su inclusión social comprende todo lo regulado para el ejercicio al “derecho al trabajo”.

El informe se puede consultar en https://cermi.es/novedad/informe-de-cermi-y-feacem-sobre-la-ley-32023-de-28-de-febrero-de-empleo-y-su-repercusion-en-la-discapacidad.