Promovida por los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta nueva regulación "actualiza y amplía" la vigente hasta ahora, que databa de 2006 y responde a una demanda "sostenida" del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha participado en el grupo de trabajo al que se encomendó su elaboración, según recordó en un comunicado.

El objeto de la orden es establecer los criterios generales para determinar las adaptaciones de medios y tiempos, así como la realización de otros ajustes "razonables" en los ejercicios correspondientes a las pruebas selectivas en las que participen personas con discapacidad, en el ámbito del personal civil de la Administración del Estado.

La nueva norma define los ajustes "razonables", delimita su ámbito de aplicación, establece el universo de personas con discapacidad beneficiarias de las medidas que contiene, formula la adaptación de medios humanos que se pueden solicitar por los aspirantes, garantiza los recursos y apoyos para la autonomía personal y regula "con detalle", según el Cermi, el procedimiento para la petición de adaptación de medios y tiempos y ajustes razonables.

En paralelo, aborda también los criterios y procesos aplicables para la concesión de adaptación de medios y tiempos y otros ajustes "razonables" y ordena a la Secretaría de Estado de Función Pública aprobar un 'Manual general de adaptaciones de medios, tiempos y otros ajustes razonables en las pruebas selectivas para personas con discapacidad', que ofrezca pautas, información y asesoramiento y recomendaciones "detalladas" que los órganos de selección deberán tener en cuenta para garantizar la participación "adecuada" de las personas aspirantes con discapacidad en los procesos selectivos de acceso al empleo público.